La Cuenca del Río Pilcomayo está conforma por una extensa área compartida entre Argentina, Bolivia y Paraguay. Integrando la gran Cuenca de La Plata, donde más de 50 millones de toneladas de fango y desechos de minerales llegan hasta el Paraguay, descargadas por él, entre residuos de la minería se han formado algunos deltas haciendo laberintos de lodo, parajes de juncos y de algunos sábalos muertos emanando cierto olor a fétido imperio.

La actividad minera en Potosí se desarrolla con mayor intensidad en la cuenca alta del Pilcomayo. Marcelo Rivera en el libro Programa de Investigación y Monitoreo Medio Ambiental menciona que la empresa privada PAILAVIRI y alrededor de 30 cooperativas están arrendando el derecho de explotación de la concesionaria estatal COMIBOL, en la cual extrae entre 1.300 y 1.800 toneladas de material por día aproximadamente.

El mineral extraído es procesado en alrededor de 42 ingenios situados cerca del área de la ciudad de Potosí, con una capacidad instalada aproximada de 2.400 toneladas por día, de las cuales 28 funcionan regularmente. El estado actual del Pilcomayo, sigue marcada por la contaminación de emisiones mineras, esto a pesar del efecto mitigador y el supuesto abatimiento de la contaminación por el dique de colas San Antonio, que retiene efectivamente descargas de la Asociación de Ingenios. En tanto que existen varios ingenios, aproximadamente 40%, que no son parte de dicha Asociación de Ingenios y que no vierten aguas residuales al dique de colas, sino directamente a los afluentes de la parte alta del río Pilcomayo, como es el caso del río Tarapaya. A esto se suma el tiempo de vida útil de dicho dique de colas (7 a 10 años), lapso que se va acortando de acuerdo a la intensificación de las operaciones mineras.

El otro inmenso pasivo de residuos no vertidos en los diques de San Miguel son responsabilidad de COMIBOL, sin embargo no ha recibido ningún tipo de tratamiento mitigatorio y sigue afectando directamente a los pobladores de la ciudad de Potosí en expansión, en especial en la zona de Cantumarca.

UN PROBLEMA SERIO
A pesar del eventual optimismo y propaganda de muchas autoridades del sector minero sobre la efectividad y mitigación del Dique San Antonio, pobladores de comunidades ribereñas, siguen denunciando afectaciones por contaminación, tanto a sus medios de vida, medios de producción agrícola y también afectaciones a su salud.

Existen programas periódicos de monitoreo realizados por algunas instituciones, empero, los resultados no han sido dados a conocer públicamente hasta el momento.

La subcuenca de Atocha-Tumusla sigue recibiendo cargas de contaminación producto de operaciones mineras reactivas, siendo menores a los números en la subida del mineral (Plata, Plomo, Zinc) del año 2009. Si bien muchas cooperativas mineras cerraron, la contaminación hoy en día sigue siendo un hecho real con efectos en 18 municipios solamente en Chuquisaca, el Pilcomayo continúa recibiendo cargas contaminantes (aguas ácidas, afluentes de procesamiento y colas con metales pesados). Se asume que siglos de acumulación de metales pesados yacen en los ecosistemas de las playas y terrazas del río Pilcomayo y sus afluentes han generado efectos negativos en la población humana y en sus medios de vida.

Si bien se está generando proyectos, como el de la Comisión Trinacional para el Desarrollo de la Cuenca del Río Pilcomayo, se debería profundizar en el origen de la contaminación.

¿UNA DEMANDA JUDICIAL CONTRA LOS INGENIOS MINEROS?
En el 2005 se registró un proceso penal, que nació como una denuncia interpuesta por los entonces parlamentarios de Chuquisaca, alcanzando la etapa de la imputación formal en contra de los Ingenios Mineros Potosinos.

Primero, el proceso penal investigativo de la denuncia refería a la contaminación que generaron los ingenios mineros en el departamento de Potosí a más de 13 años de la puesta en vigencia de la ley 1333, así mismo los ingenios mineros ya se encontraban frente a un procedimiento administrativo ambiental por contravenciones a la legislación ambiental.

Segundo, una vez emitida la imputación formal, la defensa interpuso la excepción de Prejudicialidad, (la existencia previa de un proceso judicial o administrativo) caso contrario la resolución entraría en contradicción con el principio de non bis in idem. En consecuencia, una situación técnica y legal (la extinción de la Acción Penal) los “delitos ambientales” no fueron sancionados, menos resarcidos ni a las personas ni los ecosistemas.

LOS RECURSOS NATURALES QUE TENEMOS NO SON INFINITOS
La responsabilidad ambiental es fundamental como instrumento de protección de los derechos humanos, a un medio ambiente sano, derecho al cual recién estamos despertando. El mito del desarrollo y progreso no es otra cosa que el saqueo, la contaminación y la extinción de nuestros recursos y compromete seriamente al estilo de vida de futuras generaciones. Es momento de tomar conciencia.