El más reciente Informe de Monitoreo de Cultivos de Coca en Bolivia de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y Delito (Unodc por sus siglas en inglés), ha revelado que de 32.500 toneladas de la producción de la hoja de coca en nuestro país, estimadas en 2015, el 35% fue desviado al mercado de comercialización ilegal y no llega a los mercados autorizados de La Paz y Cochabamba. Otro dato, aparentemente secundario pero es el que en verdad más atención merece, es el que indica que seis de las 22 áreas protegidas del país fueron afectadas con cultivos de hoja de coca ilegal.
Como es fácil comprobar, el informe anual del Unodc confirma la persistencia de tendencias ampliamente reconocidas y, décimas más o décimas menos, da un cabal panorama de los aspectos cuantitativos más obvios del asunto.
No está mal que así sea, pues nunca está demás contar con datos estadísticos actualizados. Es evidente, sin embargo, tal como lo reconocen los principales representantes en Bolivia de ese organismo internacional, que esas cifras resultan insuficientes si no se las complementa con otras que permitan hacer cálculos más precisos sobre la real situación del negocio de la coca y cocaína en nuestro país.
Uno de esos datos es el relativo a los cambios que se han producido durante los últimos años en cuanto a la eficiencia, lo que se refleja en el aumento de la rentabilidad, del proceso de transformación de la coca a la cocaína. Se sabe que gracias a la aplicación de modernas tecnologías y métodos organizativos se ha logrado en el sector una verdadera revolución productiva pues con la misma cantidad de materia prima se obtiene ahora mucho más producto elaborado, lo que abre un enorme margen de error en los cálculos que se hacen sobre la relación entre cultivos de coca y cocaína producida y exportada.
Tan importante como lo anterior es el dato según el que si bien se mantiene la tendencia hacia una reducción de la superficie de cultivos de coca en el Chapare y zonas donde muchas de las plantaciones ya tienen dos o más décadas de antigüedad, también se mantiene una tendencia, inversamente proporcional, hacia el aumento de nuevos en áreas protegidas.
El dato es importante porque, además de los obvios efectos desastrosos sobre la salud ambiental, pues es bien sabido que los cultivos jóvenes producen mucho más que los antiguos. Es decir, más que ante un proceso de reducción de cultivos estaríamos ante una renovación de plantaciones. Se reducen las que están ya agotadas por su antigüedad y por la esterilización de los suelos, y son reemplazadas por plantaciones nuevas, sobre los suelos vírgenes y mucho más fértiles y frágiles de las áreas protegidas.
Con esos antecedentes, resulta muy razonable la propuesta del Unodc de realizar estudios adicionales si en verdad se quiere conocer la real capacidad productiva de la industria de la cocaína en nuestro país. A no ser, claro, que se opte por soslayar tan importante aspecto del asunto a fin de evitar las previsibles e indeseables consecuencias políticas y sociales que acarrearía un estudio más completo y veraz, mientras, como hemos insistido, no se cambia el enfoque que se ha dado a este complejo problema.
Si en verdad se quiere tener una idea cabal sobre la capacidad productiva de la industria de la cocaína, hacen falta estudios adicionales, como
los que recomienda Unodc. Sin ellos, la tarea será incompleta
