La industrialización de los hidrocarburos es para el gobierno la segunda fase de la nacionalización, su consecuencia lógica y natural. La recuperación de los hidrocarburos del año 2006, se hizo para terminar con la historia de exportación de recursos naturales como materia prima, para darles valor agregado y generar mayores recursos económicos. La idea se reforzó al cabo del primer período de gobierno por el incremento del PIB, de las reservas internacionales y los constantes excedentes fiscales. Al cabo de diez años, la industrialización es ya una consigna alimentada por el mito de la nacionalización, por la abundante liquidez de la década; por la autosuficiencia para acometer cualquier proyecto independientemente de su tamaño, sin socios y sin alianzas estratégicas y por el poder gubernamental para disponer de los recursos acumulados.

A ojos del gobierno, el razonamiento para continuar con la industrialización es muy sencillo y parecería no merecer mayor debate.

El punto de partida para el proceso de industrialización eran las grandes reservas de gas del año 2005. El gobierno, se negó a aceptar su fuerte declinación anunciada en el informe preliminar de la certificadora De Goyler & McNaugthon y en el informe de Repsol a la Bolsa de Valores de principios del 2006. La caída de las reservas se confirmó con el informe de las certificadoras Ryder Scott del año 2009 y de GLJ del 2013. Todos los planes y estrategias de desarrollo del gobierno, incluyendo el reciente Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) de diciembre de 2015, ignoran la nueva realidad y persisten con la industrialización sin contar con la materia prima necesaria. Tampoco se conocen estimaciones oficiales de reservas que se asignarían a la industrialización para un horizonte razonable de tiempo de por lo menos 20 años.

La industrialización de los hidrocarburos no tropieza solamente con la insuficiencia de reservas de gas, sino que, además, se asienta en supuestos cuestionables que reducen la industrialización a la instalación de plantas aisladas, al margen de consideraciones económicas y técnicas.

La facilidad con la que el Banco Central (BCB) ha financiado todos los proyectos, ha sorteado el trabajo que implica la demostración de la factibilidad y la fuente de repago de los créditos que toda empresa tramita para financiar cualquier proyecto. Desde el año 2009, el BCB ha otorgado 4.107 MM$us a YPFB y 315 MM$us a la EBIH (Empresa Boliviana de Industrialización de los Hidrocarburos), esta última sin ninguna posibilidad de repago porque la EBIH es una empresa en vías de desaparición, sin proyectos en el horizonte. Seguramente el BCB tiene los respaldos suficientes que justifiquen los créditos concedidos a la EBIH.

El financiamiento fácil, ordenado al BCB por las leyes financiales de varias gestiones, ha obviado la organización del financiamiento (“Project Finance”), cuyo fundamento es la demostración de la capacidad de los proyectos para generar flujos de caja positivos antes que el valor de los activos o la solvencia y fortaleza de los patrocinadores o deudores (en este caso YPFB o el propio gobierno) y que es una valiosa herramienta para reducir el riesgo de los inversores mediante la participación de varios actores y la ejecución de diversos estudios.

En nuestros proyectos de industrialización, el inversor, el deudor y el patrocinador son la misma persona; el deudor (YPFB) no tiene socios, no tiene que concertar intereses con otros inversores y no tiene a quién rendir cuentas; los asesores y equipos especializados son los contratistas que ejecutan los EPC y la supervisión de obras; son empresas que no están preocupadas por la rentabilidad de los proyectos, sino por su cronograma de ejecución y abandonarán el proyecto después de cumplir sus obligaciones contractuales.

Debido a estas carencias, que se manifiestan ante la ausencia de contrapartes, es que se ha instalado la planta de fertilizantes en Bulo Bulo, lejos de todas partes; la miniplanta de LNG de Río Grande que es un proyecto millonario y subsidiado en todas sus etapas; la planta de separación Gran Chaco que a casi a un año de su inauguración, sólo ha alcanzado a operar al 20% de su capacidad; la futura planta de polipropileno no tiene materia prima asegurada; ninguno de los proyectos cuenta con infraestructura de evacuación de sus respectivos productos, las plantas separadoras no tienen poliductos para transportar GLP o gasolina, la salida es en cisternas, los fertilizantes tendrán que salir de Bulo Bulo en camión o ferrocarril y recorrer 850 kilómetros hasta Puerto Suárez.

Los factores anotados son ineficiencias sembradas en toda la ruta de los proyectos que elevan sus costos y les quitan competitividad. Si los futuros flujos de caja fueran insuficientes para pagar la deuda, serían insolventes con el riesgo de quiebra técnica.