A fines de enero de 2013, se aprobó la Ley 339 de Delimitación de Unidades Territoriales, norma que establece los mecanismos para terminar con los conflictos de límites existentes entre comunidades, municipios y departamentos en el país. Desde que se la promulgó hasta hoy se han resuelto o están en vías de hacerlo varios conflictos territoriales interdepartamentales entre Chuquisaca y Potosí; Cochabamba y Chuquisaca; Cochabamba y Santa Cruz; Oruro y Potosí; y, Oruro y La Paz.
Con este instrumento valioso, tanto los gobernadores como el Ministerio de Autonomías tienen la posibilidad de evitar que los problemas limítrofes enfrenten a vecinos, con saldos lamentables y perjuicios para la población.
En Bolivia, aproximadamente el 25 por ciento de los municipios sostiene conflictos fronterizos por la falta de delimitación, principalmente de los departamentos de Cochabamba, La Paz y Oruro.
De los 340 municipios del país sólo 30 cuentan con leyes que establecen sus coordenadas precisas y georreferenciadas; es decir, alrededor del 92 por ciento no tiene sus límites definidos.
Si el Gobierno prevé tener el 70 por ciento de los municipios delimitados hasta 2017, como las autoridades han señalado en varias oportunidades, se debe trabajar de manera más ágil y resolviendo los conflictos según un criterio que la misma ley ha previsto, dando prioridad a los que tienen larga data, donde hay centros poblados y están comprometidos recursos de diverso origen.
Las autoridades gubernamentales no pueden dar lugar a que los conflictos de límites se usen con fines personales y para satisfacer el apetito político sindical. De hecho, las cicatrices que quedan en los pobladores de las comunidades enfrentadas son muy profundas y, en muchas ocasiones, quedan en la memoria de varias generaciones por muchos años.
Y al margen de los enfrentamientos, no hay que olvidar mencionar el perjuicio que puede tener la indefinición de límites en los planes de desarrollo de un departamento. Lo saben Chuquisaca y Santa Cruz, que tienen este asunto pendiente en puertas de cobrar regalías por el campo gasífero compartido Incahuasi. Y aunque autoridades departamentales han tomado cartas en el asunto, eso mismo refrenda el convencimiento de que ellas y sus antecesoras dejaron pasar mucho tiempo antes de actuar, omisión que puede responder a distintos intereses.
No se debe olvidar que los conflictos que surgen por delimitaciones territoriales, junto con los de carácter religioso o ideológico, pueden degenerar rápidamente en violencia. Por eso es que no habrá de cansarse en exhortar a las autoridades responsables a actuar con iniciativa y no sólo en forma reactiva como, lamentablemente, por lo general sucede.
Las cicatrices en pobladores de comunidades enfrentadas por conflictos de límites son muy profundas y, en muchas ocasiones, quedan en la memoria de varias generaciones
