Ha sacudido al mundo el reciente intento de golpe militar en Turquía y el costo en vidas humanas que ha significado, así como la virulenta reacción que se ha desatado en ese país.
Siguiendo los principios que nos guían, adherimos plenamente al rechazo generalizado a este intento golpista. No es posible, a estas alturas de la historia, recurrir a ese recurso cuando las vías del sistema democrático están abiertas y el régimen imperante cumple las normas que legitiman su poder. Éstas, más allá de algunas manifestaciones autoritarias del Presidente de ese país, están siendo cumplidas y una muestra de ello es que incluso varios líderes opositores han rechazado el intento golpista.
Pero, también hay que insistir en que la defensa de la democracia se la realiza con más democracia. Es decir, los autores –intelectuales y fácticos– deben ser debidamente procesados y si corresponde sancionados conforme las leyes en vigencia en ese país. Es decir, no es congruente que, más allá de sentimientos específicos, la represión a los golpistas vaya más allá de lo que las normas señalan.
Así, la amenaza que se ha lanzado en sentido de reimponer la pena de muerte para sancionar a quienes resulten culpables es una demasía que no se debe tolerar, y, felizmente, así lo ha hecho saber la Unión Europea, espacio de integración al que aspira ingresar Turquía, frustrada hasta ahora, como sostienen varios analistas, por razones poco sustentables.
Empero, no se puede dejar en la impunidad a los autores del motín. Particularmente en nuestra región vivimos tiempos en que los autores de sucesivos golpes militares han quedado en la impunidad, lo que se tradujo en que este método autoritario de hacerse del poder se impuso durante décadas. Sólo después de retornar al sistema democrático, en la década de los 80, y luego de sufrir las peores dictaduras militares de la historia contemporánea, en la región se decidió sancionar a sus autores, y es posible creer que dicha sanción fue un factor que ha ayudado a desterrar la tentación de hacerse del poder al margen de las leyes.
Sin embargo, lo ocurrido en Turquía debe convertirse en una alerta, particularmente para los actores políticos, que ya sea por inercia o autocomplacencia, se están alejando peligrosamente del sentimiento ciudadano, dejándose absorber por la corrupción y la autocontemplación, actitudes que los deslegitima. Asimismo, es preciso replantearse el sistema de representación democrática porque la actual institución pareciera que ya no responde a las circunstancias actuales.
Por otro lado, también es un llamado de atención a los medios de comunicación, que por nuestra responsabilidad fundamental de develar lo que el poder quiere esconder, muchas veces aportamos a la deslegitimación del sistema político-partidario, pues minimizamos sus actuaciones al servicio de la sociedad.
En consecuencia, el frustrado golpe militar de Turquía debe, por un lado, alinearnos firmemente entre quienes rechazamos toda forma autoritaria de conducción de las sociedades y, por el otro, aportar a la apertura de escenarios de debate para consolidar el sistema democrático, mejorando, ampliando o reformando los modos de representación bajo los principios de independencia, pluralismo y libertad. (Reedición)
La amenaza que se ha lanzado en sentido de reimponer la pena de muerte para sancionar a quienes resulten culpables es una demasía que no se debe tolerar, y, felizmente, así lo ha hecho saber la Unión Europea, espacio de integración al que aspira ingresar Turquía
