La nueva ofensiva desencadenada por la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia contra el Gobierno, se ha sumado a la creciente lista de conflictos sociales que desde hace algún tiempo dan cuenta de los profundos cambios que están produciéndose en el escenario económico y político del país. Es un conflicto que tanto por la desmesura de sus exigencias, como por lo violentos que son los medios empleados para imponerlos, pone al país ante un desafío crucial.
En lo que a las demandas de los cooperativistas mineros se refiere, resulta evidente que el rechazo a las modificaciones a la Ley 356 General de Cooperativas, presentadas por los dirigentes del sector como la causa principal del conflicto, no es más que un pretexto tras el que se esconden los verdaderos propósitos de un sector cuyos abusos ya tienen muy largos antecedentes y se proyectan sobre la estabilidad económica y política del país como una muy peligrosa amenaza.
En efecto, tal como poco a poco va saliendo a la luz pública, los verdaderos propósitos de las cooperativas mineras son mucho más ambiciosos de lo que sus dirigentes se atreven a mostrar. Se trata, simplemente, de imponer una reforma a la Ley Minera para posibilitar sociedades con capitales privados y la ampliación de zonas de explotación minera, incluso en áreas de reserva fiscal, de modo que se consolide el proceso de privatización de los recursos mineros del país.
Tan desmedidas exigencias de los cooperativistas mineros no son nuevas. Por el contrario, hace ya muchos años que pretenden legalizar mediante una nueva Ley Minera las atribuciones que en los hechos ya ejercen para manejar los yacimientos a su antojo. A lo que aspiran es nada menos que a consolidarse como una especie de casta privilegiada capaz de disponer, como si fueran suyos propios, los recursos mineros del país.
En los hechos, eso es lo que ha estado sucediendo ya desde hace muchos años, sin que haya habido gobierno capaz de poner límite a los abusos y chantajes con que las cooperativas mineras han conquistado el poder político y económico que hoy ostentan. Cabe recordar al respecto que desde sus orígenes, cuando surgieron como una fórmula alternativa al desmantelamiento de la minería estatal en 1985 hasta el presente, ese sector ha ido ampliando su poder a través de acuerdos impuestos con medidas de presión muy similares a las que actualmente ponen al gobierno del MAS en una situación tan incómoda.
A todos esos factores, complejos de por sí, se suma ahora el descalabro del sector minero como directa consecuencia de la caída de los precios de los minerales en los mercados internacionales, lo que marca el fin de un ciclo de relativa bonanza económica.
Ahora, cuando las apreturas económicas impiden ocultar la calamitosa situación del sector y lo rotundos que han sido los fracasos de los emprendimientos estatales, como las plantas de Vinto y Karachipampa, llega la hora de distribuir las pérdidas y ya no las ganancias. En esas circunstancias, ya no es posible negociar privilegios económicos a cambio de apoyo político, lo que obliga al Gobierno nacional, como en otros conflictos actuales, a reconocer lo mucho que han cambiado las circunstancias que lo rodean.
El fin de la bonanza ya no permite negociar privilegios económicos a cambio de apoyo político, lo que obliga al Gobierno nacional a reconocer lo mucho que han cambiado las circunstancias que lo rodean
