Confirmando los peores pronósticos acerca de su independencia y desempeño, el flamante Defensor del Pueblo acaba de meterle no más una masacre…blanca, en contra de los funcionarios de la Defensoría, muchos de ellos con una carrera de más de una decena de años al servicio de esa, otrora institución de servicio y defensa, que así el estado del arte, ha quedado convertida –como se temía- en otro apéndice más del partido de gobierno, ídem a la Fiscalía, Contraloría, Policía, FFAA y otras entidades públicas, puestas de rodillas al servicio del poder político partidario y de espaldas, a la gente que se deben.

Aunque much@s podrán responderme que así no más había sido o fue desde antiguos regímenes, sostengo que en el caso concreto de la otrora Defensoría del Pueblo y pese a las luces y sombras de los anteriores Defensores, recuerdo por ejemplo el cobarde rol que jugó uno anterior en la masacre de La Calancha, todos tuvieron con matices, la inteligencia suficiente para darse cuenta de aquello de MONTERO: “El que triunfa no es necesariamente el mejor, sino el que sabe rodearse de los mejores”, por lo que salvando algunas excepciones sonadas, mantuvieron el personal técnico operativo, en cuya formación nuestro país y la cooperación, invirtió recursos de manera sostenida.

Por ello, estoy convencido que tratándose de lo recién ocurrido –se recurrió al cobarde eufemismo de reestructuración funcionaria- para encubrir la masacre funcionaria, cuando el defensor del Pueblo, está llamado por la Constitución y su propia Ley orgánica, nada más ni nada menos que para intervenir en los actos u omisiones que impliquen violación de los derechos, individuales y colectivos. Que yo sepa, el derecho al trabajo y a la estabilidad laboral, así sea de un solo funcionario defensorial o, de los aproximadamente 70 que han sido “relocalizados” (para usar el eufemismo acuñado por otros impresentables), constituyen paradójicamente abusos estatales que el defensor está más bien obligado a investigar y denunciar y, no a cometerlos, como recién ha ocurrido.

La impostura alcanza niveles olímpicos, si se considera además, que a diferencia de cualesquier otro alto cargo similar, tratándose del único caso del Defensor del Pueblo, el art. 221 de la Constitución Política exige precisamente para esa función: “contar con probada integridad personal y ética, determinada a través de la observación pública”.

No en vano, se considera en el mundo del derecho comparado, que el ombudsman debe ser una persona con probada integridad y trayectoria en la defensa de los derechos humanos, pues está a cargo no de una institución pública cualquiera, sino de la magistratura de la persuasión, que sin recurrir a la fuerza, se enfrenta en defensa de los más vulnerables al poder, mediante el uso del derecho y la razón.

Huelgan los comentarios entonces para asumir la tamaña impostura con la que se está actualmente procediendo desde la defensoría con aquellos funcionarios de carrera, cuyo pecado es no haberse convertido en amarrawatos; sumado a ello, los recientes nombramientos como representantes departamentales de personajes que han dado sobradas pruebas de estar al servicio de un partido político o ser abiertamente militantes del mismo, nos muestran una vez más, que el peor destino que puede seguir una institución creada precisamente para enfrentarse al poder público abusivo, es ese: degradarse o inmolarse ante el poder partidario. A propósito, Ayn RAND, dice: “El Estado absoluto no es más que una forma institucionalizada de pandillaje político, sea cual fuere la banda que se adueña del poder.”