El día de San Roque recién pasado reflotó el debate sobre el trato que se debe dar a los perros y el efecto que estos tienen en nuestras sociedades.
Lamentablemente para los animales domésticos, la polémica generada por un artículo de Raúl Peñaranda demostró que entre sus defensores existe tanta irracionalidad como deseos de darles un buen trato.
Peñaranda señaló los inconvenientes que causan los perros cuando no son bien cuidados y sufrió una andanada impresionante de ataques en las redes sociales. El periodista no propuso matar animales domésticos sino que observó su creciente presencia en las calles, sin control alguno, y los riesgos que así conllevan para las personas. Tal vez su error fue no recordar que la Ley 700, que es “para la defensa de los animales contra actos de crueldad y maltrato”, no solo establece derechos para los animales domésticos sino las obligaciones que tienen sus dueños o encargados. El parágrafo II del artículo 5 señala que sus obligaciones son “asumir la responsabilidad emergente de la custodia y tenencia de un animal y de los daños a terceros que el animal pudiera ocasionar”, “controlar su ciclo reproductivo y darle cuidado médico veterinario profesional, adecuado y oportuno”, “velar por su alimentación y abrigo necesario”, “velar por su alimentación y abrigo necesario” y “no abandonarlos”. Como se puede leer, si se cumpliera lo que dice la ley no tendríamos animales vagando en las calles y se eliminaría todos los riesgos que representan.
Entonces, el problema de fondo con los perros, y otros animales domésticos, es que sus dueños o encargados no asumen su responsabilidad con ellos y, debido a su negligencia, se pone en peligro a la sociedad. Si esas personas, que tienen tiempo de subir fotografías de sus perros a las redes, se ocuparan de cuidarlos, alimentarlos y limpiar sus desechos, no tendríamos tantos perros en las calles y los peatones podrían caminar tranquilos. Entonces, los culpables son los dueños o encargados, no los animales que, al final de cuentas, resultan ser inocentes de sus actos.
La Ley 700 necesita reglamentarse por las alcaldías según las realidades que se viven en sus jurisdicciones. Ninguna ha cumplido con esa responsabilidad.
Mientras, los famosos usos y costumbres han comenzado a colisionar con la ley de defensa de los animales. Hace unos días, un médico tradicional fue enviado con detención preventiva a la cárcel de Cantumarca por haber degollado a un perrito en su afán de curar a una mujer cuya salud nadie puede restablecer. Según explicó, intentaba sacar el mal del cuerpo de la persona para trasplantarlo al cuerpo del animal. Dolorosamente, incluyó en el proceso el degollamiento de un inocente cachorro. Ahora lo acusan de biocidio, un delito que consiste en matar “con ensañamiento o motivos fútiles a un animal”. El detalle es que, además de no encajar en el tipo penal, el curandero está amparado por la misma Ley 700 que incluye entre sus excepciones a “los actos ejercidos en la medicina tradicional y ritos que se rigen conforme a su cultura y tradiciones de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, debiendo realizarse evitando el sufrimiento innecesario y agonía prolongada”. La norma habla de evitar sufrimiento pero no dice que, en esa excepción, está prohibido matar. Y es que en esta, como en otras leyes promulgadas en los gobiernos de Evo Morales, muchas de ellas difíciles de aplicar en nuestras sociedades, no se tomó el cuidado de evitar conflictos con otras normas, ni siquiera con los usos y costumbres que tienen fuerte influencia subjetiva. Eso también es una irresponsabilidad.
