Nadie puede quitarle la vida a otro ser humano. Ni siquiera la barbarie ni la oscurantista irracionalidad puede contra el derecho a la vida. La muerte del viceministro del Interior, Rodolfo Illanes, en medio de fuertes conflictos, y atribuida por el Gobierno a los cooperativistas mineros, es comparable a los actos de terror en el Oriente Medio por causas de fe religiosa. Probablemente por ello mismo las transnacionales mediáticas inmediatamente esparcieron esta noticia bajo implícito sesgo de “terrorismo”, la noticia que está de moda cubrir para acaparar audiencia de manera irreflexiva.

En este ojo por ojo, diente por diente, de clara vindicta, de cooperativistas muertos de un lado, funcionario de gobierno de otro, policías secuestrados, mineros presos, ataques con dinamita y gases que vivimos los bolivianos desde hace una semana, los bandos contrarios son aquellos empoderados, política y económicamente por el proceso de cambio; los cocaleros que controlan el poder político y uno de sus fuertes aliados, los cooperativistas mineros, dos sectores que conviven dentro de un desflecado ordenamiento legal, nada riguroso, tolerado por el gobierno por los favores políticos recibidos. No existen reglas claras sobre los cultivos de cocales, ni impuestos ni formas de reducir la superficie cultivada de coca. En el Chapare se convive con el narcotráfico a la luz del día, cuya violenta influencia repercute en la cercana Santa Cruz con ajustes de cuentas entre narcos y civiles muertos.

Del otro lado, los cooperativistas son los nuevos ricos, explotadores de la mano de obra igual que los cocaleros, que se niegan a reconocer derechos sociales como la sindicalización, los seguros de salud, de largo plazo, vivienda para sus trabajadores, que no pagan impuestos de ninguna naturaleza, en fin, son los sectores privilegiados del Gobierno, hoy enfrentados por controlar el poder. Un cooperativista dijo: “Es hora de ponerle control a este gobierno”. En respuesta otro dirigente del MAS anunció que movilizará a sus bases contra los conspiradores para defender el proceso de cambio. En esa situación, no parece ser la policía la que se enfrenta a los conflictos, sino los propios masistas, en una guerra entre aliados.

Dentro de este trágico asunto, como siempre están los medios, en cumplimiento de su deber de informar, que es malinterpretado por el gobierno. Evo Morales culpó al periodismo. Dijo que exaltó la situación de conflicto que ya estaba exaltada por el disgusto cooperativista a las reformas a la ley de cooperativas.

Los periodistas también han llevado su parte, heridos, con sus herramientas de trabajo secuestradas, sicológica y físicamente torturados. Había que preguntarse dentro de esa irreflexiva alusión presidencial, si no fue precisamente por un periodista que se enteró la población boliviana de la muerte del subsecretario. Un periodista dijo haber visto muerto al funcionario. Sólo de esa manera el Gobierno también pudo enterarse de este trágico desenlace.

¿No fue acaso mientras todavía estaba con vida que el Viceministro rogó a otro periodista que pida al Gobierno una mayor mediación en el conflicto? ¿El Gobierno o el Ministro de Gobierno habrían escuchado la intermediación pública de aquel periodista?

A la hora de dar con los autores y responsabilizar del luctuoso deceso del subsecretario habrá también que preguntarse si los autores son de un solo lado. Debe también haber otros culpables. ¿A quién se le ocurre enviar a buscar diálogo en medio de dinamitazos y acalorados sentimientos de violencia, a un funcionario del que se sabe que es el encargado operativo de los aspectos más borrascosos y sucios de la lucha gubernamental por controlar situaciones de conflicto? Es como entregar carnada en la boca del lobo. ¿Habrá responsables por las desatinadas instrucciones?