Los luctuosos acontecimientos de la semana que acaba que, otra vez, se traducen en 4 muertos, 4 viudas, aproximadamente una docena de huérfanos y proyectos de vida de varias familias gravemente afectados por el asesinato de uno de sus miembros, marcan una vez más varios fracasos que l@s bolivianos sufrimos sistemáticamente.
Por un lado, está el fracaso del estado, que administrado hoy por un gobierno de fuerza –nadie podría decir racionalmente que es de derecho, por ejemplo por lo ocurrido recientemente y menos por su regular proceder desde una decena de años-, pero también estamos tod@s nosotr@s que siguiendo ese mal ejemplo (¿o será lo inverso?) acostumbramos recurrir al uso de la violencia, como el medio para “solucionar” nuestros desacuerdos.
Comparto al respecto, la opinión publicada en el FB de mi paisano, colega y amigo Carlos Alarcón Mondonio; cuando escribe que lo acaecido: “demuestra una vez más la destrucción total de la institucionalidad de garantía en Bolivia por obra del propio gobierno nacional: no existe justicia, Fiscalía, Defensoría del pueblo, Contraloría, Procuraduría, Policía Judicial, independientes e imparciales”, pues yapó yo, sus altos cargos y parte importante de sus “servidores” están amarrándole los watos a su jefazo que los puso en la pega y los mantiene si le da la gana; de sus funciones legales en favor de toda la sociedad, ni soñar, solo apariencias para la platea o las gradas.
Es que hay que decirlo: que el estado administrado por un gobierno determinado y la sociedad toda no puedan solucionar sus conflictos sino por la violencia, si es que se solucionan, marca sensiblemente un vergonzoso fracaso, al menos si se considera que entre otros varios fines, estamos así organizados para proteger a las personas, sus vidas, dignidad, propiedades y otros bienes de relevancia –sean de los mineros, altos cargos oficiales o cualesquier ciudadano-. Que esos fracasos ocurran sistemáticamente a lo largo de la reciente historia boliviana, debe obligarnos a hacer algo efectivo (esto es que produzca sus efectos), más allá del tradicional y acostumbrado llamado al diálogo.
Pero, por si el anterior fracaso no fuera suficiente, sucede y también de manera sistemática, tal vez algo peor: la impunidad. ¿Cuántos de esos actos de violencia, muchos de ellos gravísimos, han sido realmente esclarecidos y adecuadamente juzgados? La Calancha, Chaparina, Las Américas, etc. Y lo peor: ¿Existe alguna posibilidad -remota siquiera- de ese esclarecimiento cuando han sido cometidos por agentes del estado o mejor, empleados del gobierno? Y a la última prueba me remito: noten que a partir del asesinato del Viceministro Illanes, la Fiscalía del gobierno ha inmediatamente desatado una cadena de allanamientos, aprehensiones y acciones contra sus aliados ¿o a esta altura de los crímenes: ex aliados? de la Federación de Cooperativas de Mineros, pero ¿acaso ha hecho algo parecido siquiera para investigar a los también asesinados del otro bando?. Ambos crímenes son igual de reprochables y jurídicamente, deben ser investigados y juzgados, naturalmente mediando el debido proceso, pero llama la atención las evidentes diferencias en la investigación de esos hechos.
Formulando mi sentido pésame a las familias de todas las víctimas sin importar de donde provengan, hayan hecho lo que hayan hecho, el cargo o función que estén cumpliendo y sus circunstancias; sostengo que la vida debiera ser, no en el demagógico discurso, sino en la práctica cotidiana el bien de mayor relevancia de protección en Bolivia, idea fundamental que debe plasmarse en absolutamente todas las circunstancias, tanto de la sociedad –todos nosotros- como del poder estatal a través de sus organismos que tienen el uso de la fuerza, fundamentalmente los represivos que, en todo estado son un mal necesario y también, algunos movimientos sociales facultados hasta legalmente por el gobierno para el uso de la fuerza (léase dinamita), pues: “El mejor poder es el que evita y frena la violencia” (no sé quién lo escribió, pero estoy plenamente de acuerdo…).
