Hace algo más de dos años, el 12 de mayo de 2014, en este espacio editorial, expusimos nuestras preocupaciones por la mala manera como estaba siendo encarado el problema de la minería en nuestro país. En un editorial titulado “La crisis de la minería nacional”, decìamos que el Gobierno “por sus múltiples desaciertos ha puesto en serio riesgo el futuro de uno de los principales pilares de la economía nacional”.
Al referirnos a esos “múltiples errores”, decìamos en aquella oportunidad: “Entre las muchas causas de la crisis de la minería nacional, sin duda la más importante es la decisión gubernamental de privilegiar a las cooperativas, sector económico que ha logrado apropiarse de una porción desmesurada de los recursos mineros del país sin hacer las inversiones necesarias. Son empresas que no desarrollan trabajos de prospección y exploración, no incorporan nuevas tecnologías y se limitan a apropiarse del resultado de inversiones hechas en décadas pasadas por el sector estatal y privado”.
En más de una ocasión nos referimos al mismo tema. Al exponer nuestros argumentos, dijimos, entre otros, que “Todo esto es insostenible y peligroso, ya que las 'cooperativas' mineras no tienen nada de cooperativas; en realidad son empresas, cuyos dueños son los llamados 'socios' (y ni siquiera todos) que manejan y explotan a una enorme masa de obreros que no tienen ni seguro social, ni seguro industrial, ni jubilación, ni nada”.
Calificamos tal situación como una “bomba explosiva” que tarde o temprano rompería las ilusiones con las que el Gobierno –y no solo el actual, también los que lo precedieron– trataban de dar una aureola de legitimidad al cooperativismo minero.
Lo que desde nuestro punto de vista hacía insostenible a mediano plazo la alianza entre el Gobierno del MAS y las cooperativa mineras era la precariedad de sus bases económicas. Nos referíamos a la tendencia descendente de los precios de los minerales en los mercados internacionales, lo que más allá de los vacuos discursos ideológicos ponía un límite a la dimensión política de esa alianza.
Decíamos también –y hoy nos ratificamos– que el problema no se limita a las demandas del sector de la minería cooperativizada, pues más allá de las formas, la crisis también se cierne sobre la porción de la minería que ha quedado en manos del Estado. Nos referíamos a “los más recientes informes, según los que la producción de la Empresa Minera Huanuni (EMH) bajó en 32 por ciento debido a la falta de inversión en insumos y maquinarias y a la enorme carga económica salarial que ocasionan los más de 4.500 trabajadores, muchos más de los que según criterios técnicos son necesarios para el proceso productivo y a pesar de ello gozan de niveles salariales muy superiores a los que permite el estado de insolvencia de la empresa”.
Ahora, a la luz de tales antecedentes y de los últimos acontecimientos, lo menos que puede exigirse al Gobierno nacional es una predisposición a la autocrítica y no echar la culpa a los medios de comunicación, al imperialismo o a las fuerzas de la oposición.
Hoy, como hace ya mucho tiempo, podemos sostener que la política minera vigente es uno de los peores desaciertos de la actual gestión gubernamental
