Hace unos días, el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), se ha sumado a las ya muy numerosas voces de alerta que se refieren a la crisis que se cierne sobre el sector alimentario de nuestro país.
En términos generales, el problema consiste en que este año se producirá una dramática caída en la producción de alimentos en el país. Para paliar los efectos que tal caída puede tener sobre los precios y por consiguiente sobre el bienestar cotidiano de la población, la única alternativa disponible consiste en recurrir a las importaciones masivas de alimentos, especialmente granos.
Los factores que han confluido para ocasionar esta crisis son muy diversos. Van desde la prolongada sequía, entre otros fenómenos naturales adversos, como los vientos huracanados, hasta fórmulas económicas impuestas por el gobierno central, como la fijación de cupos para las exportaciones, lo que desalentó a muchos productores que si no hubieran tales restricciones, habrían hecho mayores inversiones.
A todo lo anterior se han sumado las trabas burocráticas. Un ejemplo muy elocuente de ese problema es que un mes después de la aprobación de 12 decretos “de emergencia” para paliar los graves efectos de la sequía, ninguno de ellos ha sido llevado a la práctica por la excesiva cantidad de papeleo que se requiere para dar cada paso.
El panorama negativo se agrava si se considera, que como sostienen los empresarios del rubro y los más serios estudiosos del tema, los factores supuestamente circunstanciales --como la inusual sequía o los fuertes vientos-- ya no serían una excepción pasajera sino la manifestación de unos cambios climáticos que llegaron para quedarse. Eso significa que las medidas paliativas serían del todo insuficientes no sólo para salir del apuro, sino para evitar que la crisis se repita y profundice cada año.
Esa dimensión más profunda y duradera de la crisis, lamentablemente, es la que menos atención recibe pues tanto los empresarios del sector --grandes, medianos y pequeños-- así como los funcionarios del sector estatal, parecen haber optado por concentrar su tiempo y energías en las urgencias inmediatas. Eso se refleja en la despreocupación ante los factores causantes de los problemas climáticos como el vertiginoso ritmo al que se expande la frontera agrícola, para lo que se procede a la deforestación de 250 mil a 300 mil hectáreas de bosques tropicales por año.
Muy ligada a lo anterior está la ligereza con que en nuestro país se recurre a métodos como la quema masiva para habilitar las nuevas tierras de cultivo, lo que, como ya se ha visto, tiene efectos tan negativos que hecho el balance final, no compensan el eventual rédito económico. Es bien sabido que las sequías, las inundaciones y los vientos huracanados están directamente relacionados con esas prácticas, a pesar de lo que la necesidad de hacer algo al respecto no figura en la agenda nacional.
Como se puede ver, la crisis del sector agrícola y pecuario tiene dos dimensiones. Una la urgente, que se mide en términos de días, y la importante que requiere políticas integrales proyectadas hacia el mediano y largo plazo. Mientras unas y otras no se armonicen en un mismo plan de acción, no será posible revertir la tendencia negativa actual.
La crisis del sector agrícola y pecuario tiene dos dimensiones. Una la urgente, que se mide en términos de días, y la importante que requiere políticas integrales proyectadas hacia el mediano y largo plazo
