La intención del ministro de la Presidencia, (ex mayor) Juan Ramón Quintana, de auspiciar un documental contra medios y periodistas bolivianos bajo el título “El cártel de la mentira” pasa del enfrentamiento a la guerra sucia. No es casual que el anuncio salga de ese despacho y del ministro que aprendió en una escuela gringa de contrainsurgencia.
Para ese objetivo ha contratado al corresponsal argentino Andrés Solari, acreditado inicialmente como responsable en Bolivia de un canal asiático y actual opinador en un canal donado por los iraníes y de confuso estatus jurídico, cadena que recibe extrañamente donaciones del mismo ministerio. Quintana y Solari aparecen sonrientes en diferentes fotos.
La forma de “aviso policial” de la separata publicada contra ese “cártel” y los primeros interrogatorios (que no entrevistas) realizados por Solari son un aviso del contenido que tendrá el film amparado por el poder estatal y que tiene un tufillo de aparato de control político. Dicen que estarían implicados incluso otros extranjeros, no periodistas precisamente.
El contrato destapa muchas preguntas: dónde salió la convocatoria para realizar un trabajo para el estado; el objeto de la visa de Solari en Bolivia; la doble condición de “corresponsal” y consultor o ¿ya es funcionario?; cuánto costará el “documental”, con cuál partida presupuestaria se lo financia; quién tendrá los derechos de autor (¿el guionista?); cómo se lo difundirá; cuál es el total del presupuesto asignado.
Una vez más, el resultado es un boomerang porque la iniciativa ha unificado en su contra a dueños, profesionales y sindicatos. Los del aparato paraestatal guardan silencio…
En el grupo de los medios señalados como “mentirosos” están los principales periódicos del país, entre los cuales destacan los que lucharon por la democracia en las dictaduras. Hay casos emblemáticos como “El Deber” que goza de más de 95% de la preferencia del lector del oriente boliviano.
Se ataca a “Erbol”, una red creada por la iglesia Católica, que no sólo informa sino que forma con la educación radiofónica y que tiene programas en idiomas nativos. Las principales autoridades todavía no dominan idiomas originarios y no podrían participar en los debates en aymara, en quechua o en guaraní que realiza la cadena. Esa iglesia tan insultada creó la primera emisora aymara ¡hace 60 años! y la cedió a los campesinos.
Un par de españoles acomodó la CPE, un peruano se hizo cargo del manual Trump y ahora un argentino intenta enlodar a la prensa boliviana.
