Por fin, después de varios años durante los que su autoridad había sido franca, abierta e impunemente desafiada por los ejecutivos de Transporte Aéreo Militar (TAM), el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda (MOPSV) ha tenido el acierto de instruir la suspensión de las operaciones comerciales de esa empresa “porque no cumple con los procedimientos para la vigilancia de la seguridad operacional establecidos”. Ha hecho así, en pocas horas, lo que una de sus dependencias, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), no se atrevió hacer durante los últimos años.

La noticia fue muy bien acogida por quienes desde hace por lo menos cinco años ven con preocupación la tenacidad con que en el TAM se niegan a someterse a lo que mandan las leyes bolivianas y las normas internacionales que regulan la actividad aerocomercial. Sin embargo, dados los antecedentes del caso, hubo también desde que fue anunciada la noticia mucho escepticismo sobre la real capacidad del MOPSV de hacer prevalecer su autoridad pues en por lo menos ocho ocasiones anteriores los mandos militares se negaron a someterse a las autoridades civiles. Y no sólo a las del MOPSV, sino también a las del Servicio de Impuestos Nacional (SIN) y la Autoridad de Control y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT).

Al parecer, las circunstancias han cambiado porque el trágico caso de la empresa LaMia ha puesto a las autoridades de la aeronáutica en el centro de la mira de organismos especializados del exterior, lo que las obliga a poner un mínimo de orden en los asuntos que están bajo su responsabilidad.

En efecto, es tan fuerte la presión internacional que ya de nada vale la contumacia con que las autoridades militares, con el incondicional apoyo del Ministro de Defensa, se negaron hasta la víspera del 28 de noviembre a regularizar sus actividades aerocomerciales. Cabe recordar al respecto que al justificar su actitud, en abril pasado, Ferreira llegó al extremo de poner en duda la conveniencia de que el TAM se adecue a lo que manda la ley pues, según su opinión, eso “amenaza con anular su esencia”.

Con esos antecedentes, corresponde felicitar al Ministro de Obras Públicas por haber tenido el valor de salir en defensa de la supremacía de la autoridad civil sobre la militar, como corresponde a un Estado de Derecho.

Sin embargo, en vista de esos mismos antecedentes y de la ligereza con que los altos mandos castrenses han minimizado los efectos de la disposición ministerial, conviene recordar que la inadecuación del TAM a las normas que regulan la aviación civil no es la única contravención que pone a esa empresa fuera de la ley. Hay muchas otras, entre las que se destaca la deuda impositiva que arrastra desde 2008, además de muchas irregularidades que durante los últimos meses han salido a la luz pública sobre la manera como esa empresa militar administra los dineros que se le confían.

Por todo lo anterior, lo menos que se puede esperar es que la experiencia de LaMia sirva como acicate para restablecer el rigor necesario, requisito básico para que no se repita una tragedia similar.

Dados los antecedentes del caso, corresponde felicitar al Ministro de Obras Públicas por haber tenido el valor de salir en defensa de la supremacía de la autoridad civil sobre la militar, como corresponde a un Estado de Derecho