EDITORIAL

San Buenaventura, una pésima inversión

A la ya muy larga lista de noticias que casi a diario dan cuenta de la relación conflictiva entre los principales proyectos de desarrollo que están siendo ejecutados o proyectados por el Gobierno nacional, por una parte, y la necesidad de preservar la salud medioambiental, por la otra, se ha sumado durante los últimos días el caso de la Empresa Azucarera San Buenaventura (EASBA), la que para poder desarrollar plenamente su capacidad productiva, según diversos estudios, tendría que proceder a la eliminación de una enorme superficie de bosques para destinar esas tierras a la producción de caña.

Tales temores, que hasta hace poco fueron minimizados por autoridades gubernamentales, han sido confirmados por la autorización otorgada por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Tierras y Bosques (ABT) para el desmonte de 5.000 hectáreas de bosques a favor de EASBA, para el cultivo de cañas. A la resistencia que provoca esa decisión entre organizaciones medioambientalistas, se ha sumado la rebelión de los indígenas que habitan esa zona, según quienes estarían siendo condenados a un desplazamiento de sus territorios y a la “invasión” de colonos al norte amazónico.

Las razones ambientales y sociales no son las únicas que se han esgrimido con insistencia para poner en duda la viabilidad económica del ingenio azucarero de San Buenaventura. Esas razones no hacen más que reforzar cuestionamientos que ya se hicieron hace casi cuatro décadas cuando a mediados de los años 70 se hicieron los primeros estudios sobre la viabilidad de ese proyecto.

Como se puede recordar, ya entonces ese proyecto fue desahuciado porque los estudios coincidieron al señalar que la caña que se produce en los alrededores de la planta no es suficiente ni tiene la sacarosa necesaria para poder producir azúcar y alcohol de manera eficiente. Eso debido a que por la configuración geográfica, la zona se caracteriza por su alta nubosidad, lo que impide que los rayos solares no lleguen al suelo con la intensidad suficiente para que los cañaverales produzcan materia prima adecuada, en cantidad y calidad, para alimentar el ingenio.

Tales razones, y no una supuesta mala voluntad de gobiernos anteriores hacia el departamento de La Paz, fueron decisivas para que el proyecto no haya sido ejecutado. Pero, como en muchos otros casos similares, de nada valieron cuando el actual Gobierno se empecinó para llevar a cabo el proyecto, con asesoramiento cubano y financiamiento chino.

Ahora, cuando la terca realidad pone en evidencia lo absurda que fue la inversión de 265 millones de dólares en ese proyecto, es tarde para las lamentaciones. Sin embargo, si se considera que las posibilidades de hacer rentable esa empresa son prácticamente nulas, pero el daño ambiental que ocasionará el empecinamiento en intentarlo son incuantificables, bueno sería que se considere la posibilidad de detener la devastación de los bosques antes de que sea demasiado tarde. Más aún cuando, como ahora ocurre, ya nadie puede negar la directa relación entre la destrucción de los bosques y calamidades que, como las sequías y las inundaciones, tienen un costo económico que merece ser tomado en cuenta a la hora de las decisiones.

Ahora, cuando la terca realidad pone en evidencia lo absurda que fue la inversión de 265 millones de dólares en ese proyecto, si bien es tarde para evitar el daño económico, todavía se puede evitar el desastre ecológico

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