El tema de la justicia en nuestro país, un tema recurrente y de nunca acabar, porque se trata de un asunto que toca al interés más legítimo de una colectividad: la convivencia armoniosa y pacífica de los ciudadanos así como la jurisdicción del Estado para restablecer dicha convivencia cuando ésta ha sido alterada y no puede lograrse por la actitud consciente de cada persona para vivir cumpliendo sus obligaciones y respetando los derechos del “otro”.
En un artículo anterior decíamos que aquellos ciudadanos que ni siquiera respetan el semáforo en rojo, norma que prohíbe pasar porque “el otro” tiene el derecho de pasar, sea otro conductor o peatón, decíamos: quien no respeta esta elemental norma con signo de ley prohibitiva, por supuesto no respetará nada. Es así que a muchas personas hacer cualquier cosa les resulta igual porque falta en su conciencia más profunda el sentido de derecho que es la íntima convicción de la convivencia armoniosa con los otros, no porque esté escrito en algún código, sino porque la condición del ser humano racional trae implícitos los derechos y las obligaciones.
En una sociedad en la cual falta esa conciencia, y que a diario la estamos constatando en cada esquina y en cada declaración de los gobernantes, es necesario un buen sistema judicial, pues los ciudadanos que por sí no pueden resolver sus problemas acuden a un tercero para que les resuelva y haga justicia. A este efecto, tenemos en el país desde los inicios de la República, copia de la colonia, un extenso sistema burocrático y anquilosado de magistrados, jueces, fiscales, secretarios, actuarios, auxiliares y otros… que justamente, por esa complejidad y burocracia redundante, tampoco resuelve los problemas, ni hace justicia como demanda la sociedad: una justicia oportuna, transparente y eficaz.
A esta altura y después de una década del discurso sobre “el cambio” y “la descolonización” de la justicia, nada ha cambiado ni se ha descolonizado nada. Todo sigue como antes o peor. El señor vicepresidente en la inauguración de la cumbre judicial decía y se preguntaba: ¿qué justicia hemos heredado? … la que castigaba, perseguía, etc. Hoy es igual, el sistema de justicia sigue siendo un sistema inquisitorial que persigue y castiga pero a quienes piensan diferente, a quienes señalan la corrupción o a quienes tienen la valentía de decir la verdad incluso, en muchos casos, a los propios denunciantes.
La misma autoridad, en aquel evento, también decía: ¿qué justicia tenemos? Una diferente, porque hemos elegido autoridades judiciales, porque hemos cambiado los rostros y apellidos, seguramente, queriendo mostrar que se han posicionado los indígenas-originarios y otros. Pero, ¿esto habrá cambiado algo?, ¿cuando menos la retardación y de la transparencia que los ciudadanos esperan o, por el contrario, ha empeorado? Acaso no estamos constatando a diario esta triste y vergonzante realidad de las graves penurias que tienen que pasar los ciudadanos involucrados en litigios buscando justicia, más grave aún para aquellos que no tienen plata….es una falacia aquello de que la justicia sea gratuita.
Eso que el vicepresidente decía meses atrás y que ahora se lo ha repetido en la inauguración del año judicial, no es cambiar ni menos descolonizar la justicia, es lo aparente o, cuando más, algunos parches. Porque el fondo es que el sistema judicial en Bolivia está mal, corroído por la incapacidad, la corrupción, la retardación, el ritualismo, el formalismo y la dependencia. Mientras estas “taras” estructurales del sistema no se superen, la jurisdicción ordinaria de justicia no podrá cumplir su misión de resolver conflictos de los ciudadanos con prontitud y oportunidad. Pero, lo más importante: con transparencia, como consecuencia, no habrá la justicia que la sociedad demanda.
Para aquello no se necesitan más leyes, tampoco más jueces. Se necesita una buena selección de los mejores, no por elección popular ni por política, sino por méritos y carrera profesional; se necesita independencia de este sistema, y su debida jerarquía como autoridad superior a la autoridad ejecutiva y a la legislativa. Esa autoridad que nace de la sabiduría de los jueces y magistrados, de su elevada condición moral y profesional que les permite juzgar, estudiando serenamente los casos para emitir fallos, no funcionando – como en algunos casos conocidos públicamente– en redes para manipular la solución de conflictos o esperando la aprobación del otro poder. Se necesita, por supuesto también, el control social-profesional de las organizaciones colegiadas y académicas, antes que las organizaciones populares.
