Cuando leí en la Constitución que “el pueblo boliviano, de composición plural, desde la profundidad de la historia, inspirado en las luchas del pasado, en la sublevación indígena anticolonial, en la independencia, en las luchas populares de liberación, en las marchas indígenas, sociales y sindicales, en las guerras del agua y de octubre, en las luchas por la tierra y territorio, y con la memoria de nuestros mártires, construimos un nuevo Estado”, vislumbré que se podría albergar cierta esperanza.
El pasado 23 de diciembre de 2016 se decretó la Ley 879, Ley de la Comisión de la Verdad, por medio de la cual se crea este instrumento con el propósito de esclarecer las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante las dictaduras que tuvieron lugar entre 1964 y 1982. Después de más de 30 años, la lucha de las víctimas y sobrevivientes por reivindicar sus derechos se ve, parcialmente, materializada.
El derecho a la verdad se fundamentó, en un principio, en la obligación que tienen los Estados de localizar a las personas desaparecidas en el contexto de conflictos armados. Hoy se reconoce que cada pueblo, así como las víctimas y sus familiares, tienen el derecho inalienable e imprescriptible de conocer las circunstancias y los motivos por los cuales se cometieron los graves abusos. El reconocimiento y restablecimiento de la dignidad de las víctimas y sobrevivientes, y escuchar sus historias, es el primer paso para la restitución de su condición de su ciudadanos. La verdad es un prerrequisito para exigir al Estado una respuesta sobre la administración de justicia y las políticas de reparación.
Para Jelin, “el proceso de búsqueda de la verdad, las políticas de reconocimiento y memoria suponen un esfuerzo conjunto de las dimensiones institucionales, simbólicas y subjetivas”. La memoria busca retomar el pasado para intentar rectificar las violaciones de derechos que se cometieron, resignificar la historia con el testimonio de las víctimas y hacerles justicia a los que ya no están (y a los que están). Como lo refiere Reyes Mate, “el papel de la memoria es devolvernos la mirada del oprimido. Ver el mundo con los ojos de las víctimas”. Por lo tanto, a Bolivia y a su sociedad les ha llegado un momento crucial de enormes retos.
De otro lado, mucho se ha escrito acerca de los aspectos técnicos y operativos a tener en cuenta para la puesta en marcha de una comisión de la verdad, razón por la cual compartiré sólo una idea al respecto. Debido al largo tiempo que ha transcurrido entre los crímenes y la formalización de la misma, será esencial promover espacios intergeneracionales de reflexión y autoconciencia, que tendrán gran valor al posibilitar un diálogo que contribuiría a movilizar la memoria con el objetivo de contrarrestar el olvido. Aquí los niños y jóvenes como ciudadanos del presente y del futuro del Estado Plurinacional de Bolivia tendrán un papel primordial.
El esclarecimiento de la verdad es una oportunidad para prevenir la repetición de los asesinatos, las desapariciones forzadas, las torturas, las detenciones arbitrarias y la violencia sexual que ocurrieron durante las dictaduras. Además, se constituye en una medida reparadora en sí misma. Ahora, no habrá pretextos para negar los derechos y silenciar el sufrimiento de miles de bolivianos. Y un gran desafío para la construcción del nuevo Estado será lo que suceda a partir de la entrega del informe final.
