Los usos de fondos y la politiquería en Bolivia son para la anécdota. Los años 70 se crearon los fondos externos FRA y FRI destinados a conceder créditos productivos al sector agrícola e industrial, que impulsaron el desarrollo del Oriente, pero no fueron repagados. Los fondos del Sistema de Pensiones, cuya responsabilidad era del Estado, culminaron en escándalos y cárcel, como todo lo que gestiona el poder político. Como consecuencia, nació el sistema de capitalización individual y las AFPs; y pese a la experiencia, el gobierno plurinacional, con los mismos fines, retoma el régimen estatal del pasado que empieza a mostrar sus vicios. Resulta pues, que eran justificadas las preocupaciones que se expusieron contra la propuesta del gobierno…

Es el precio del voto, por él, se sacrifican conciencias, valores y futuro. Entre los muchos errores de este gobierno, que se cuentan por manojos, sobresale el uso de los fondos cuyos beneficiarios son caciques políticos, y cuyas responsabilidades se entrampan en una justicia obsecuente, sin posibilidad de recuperar millonarios recursos del pueblo.

El último acto por conquistar el poder cruceño, es aquel del fondo de crédito para el agro, usando recursos privados del sector pasivo nacional, y cuyo objetivo político es buscar el apoyo electoral al candidato de marras, que busca sin el menor respeto a leyes, voluntad popular y juramentos, prorrogarse en el ejercicio del poder, oyendo consejas de su entorno, cuyas responsabilidades les impulsan usar su instinto de conservación.

Entre los análisis serios que se han publicado sobre este ingrato tema, sobresale el efectuado por la Fundación Milenio, que pone en claro la situación, y recomiendo para conocimiento de la opinión pública. Trataré de copiar algunos acápites por su importancia e interés: “¿Pensiones; subsidiar con dinero ajeno? (Informe Nacional de Coyuntura 329. 19.I.17)

-Se trata de una intervención en el sistema de pensiones que está guiada por razones de conveniencia política, y pone en riesgo los sacrificios de los trabajadores sin justificación alguna.

-El Estado ya ha recibido cerca de 5 mil millones de dólares por los cuales, además, paga intereses cada vez menores. Por tanto, los fondos de pensiones ya están respaldando la inversión en el país y, no se justifica la anunciada intervención.

-La cantidad de trabajadores que aporta al sistema de pensiones crece aceleradamente y ya supera los dos millones. El patrimonio global, conformado por los aportes que hacen los asegurados y las ganancias que se logran con las inversiones, supera ya los 92 mil millones de bolivianos.

-Cuando se comparan estos logros con el caos y la corrupción que llevaron al anterior sistema al colapso, se hace necesario exigir prudencia a los gobernantes. Prudencia en el manejo de este sistema y, sobre todo, respeto al sacrificio de los trabajadores, pues lo que está en juego es nada menos que sus posibilidades de tener una vejez digna… Finalmente, Milenio formula las siguientes propuestas:

- Si el gobierno desea incentivar a que las AFPs desempeñen un papel más activo en el aumento de las inversiones en el país, debe crear un clima más apropiado para los inversionistas. Esto implica mayor seguridad jurídica, respeto a la propiedad y mayor apertura de mercados.

- También podría flexibilizar las restricciones que tienen las AFPs de manera que puedan destinar más recursos a la inversión privada y no se vean obligadas de comprar bonos del TGN cuando el gobierno lo considere necesario.

- El fortalecimiento de la Bolsa de Valores es esencial para estos propósitos y más empresas deberían ser alentadas a buscar financiamiento mediante la emisión de acciones y bonos corporativos.

- Finalmente, si el gobierno considera necesario crear fondos especiales de crédito subvencionado para ciertos sectores, podría recurrir a sus propios recursos. Por ejemplo, una disminución del gasto público corriente, o la eliminación de algunos ministerios, le permitiría fácilmente crear un Fondo de Apoyo al sector Agroindustrial, teniendo para ponerlo en operaciones a dos entidades financieras: el Banco de Desarrollo Productivo y el Banco de la Unión.