Las pasadas semanas se han conocido una serie de hechos de violencia, al margen de hechos criminales y delitos provocados en el mundo de la delincuencia, que deberían encender las señales de alarma de peligro para la ciudadanía y las autoridades porque ponen en cuestión el funcionamiento de instituciones básicas del país y nos colocan en el camino hacia la anomia, es decir, hacia un “conjunto de situaciones que derivan de la carencia de normas sociales o de su degradación”.
Hacemos referencia a conflictos como el de los cooperativistas mineros, que se reproducen por doquier, a las permanentes peleas a puñetes y con objetos hirientes entre dirigentes y conductores de transporte público para circular por determinadas rutas, enfrentamientos similares entre comunarios o entre estos y citadinos por acceso a fuentes de agua, la agresividad in crescendo en la conducción de vehículos. O cuando se tienen que presenciar en muchas oportunidades en el espacio público escenas de violencia entre personas adultas o jóvenes, sin que nadie pueda o quiera poner orden, dando cuenta de falta de seguridad jurídica y una oportuna y correcta actuación de la autoridad correspondiente.
A lo anterior se debe agregar la facilidad con la que, en claros actos de violencia, algunos sectores organizados en la informalidad, copan espacios públicos impidiendo el buen desarrollo de las actividades rutinarias y que, ahora, no sólo que aparecen por las calles y generan bloqueos, sino que, como se puede observar, desde hace meses, a precintos comerciantes instalados en la Plaza Principal para presionar a las autoridades municipales.
Pero, no se trata sólo de deficiencias de nuestro aparato estatal, sino de la actitud de indiferencia que asume la gente frente a esos hechos de violencia mientras no la afecte en forma directa. En este sentido, un peligro latente de esta situación es que de la indiferencia se puede pasar, fácilmente, a la justificación de estos hechos (“si no hay Policía”, “es problema de ellos”, etc.) o, por el contrario, a posiciones autoritarias que descargan en la represión la solución de estos problemas.
Probablemente aún hay tiempo para impulsar debates y campañas sobre este tema y generar una cultura de pacífica convivencia a través del cultivo de valores como la tolerancia, el respeto a la norma y la solidaridad; con un telón de fondo: el militante respeto al bien común.
Sin mayor discusión, son la familia y la escuela los primeros y probablemente más importantes espacios para trabajar en estos campos de convivencia, pero también los gremios y un trabajo de persuasión de la legítima autoridad. Dicho así, parecería que el problema tiene fácil resolución. El tema de complejizar porque cada quien debe dar ejemplo y ahí nos encontramos con serios obstáculos que debemos derribar.
En resumen, debemos evitar mediante las autoridades y la activa participación ciudadana que centros poblados del país, principalmente, se conviertan en tierra de nadie. Para cumplir esta tarea hay que esforzarse por encontrar acuerdos antes que diferencias, proponer soluciones antes que explicar o justificar las actitudes violentas y comprometernos con una cultura urbana de paz.
Debemos evitar mediante las autoridades y la activa participación ciudadana que los centros poblados del país se conviertan en tierra de nadie. Para cumplir esta tarea hay que esforzarse por encontrar acuerdos antes que diferencias
