Una serie de datos concretos muestran que la bonanza económica está llegando a su fin. Una feliz coincidencia permitió que justo cuando empezábamos a exportar gas al Brasil, los precios de los hidrocarburos aumentaran, multiplicando los efectos de un proyecto que había tomado por lo menos 25 años de negociaciones y ensayos. Poco después ocurrió algo parecido con los proyectos mineros de San Cristóbal y San Bartolomé, que empezaron a exportar cuando subían los precios de los minerales.
El rápido aumento de las exportaciones alimentó las arcas fiscales, incrementando los ingresos del gobierno central, de las gobernaciones, de las alcaldías y de las universidades públicas. El triunfalismo y la autocomplacencia se apoderaron de todos. Creció también el consumo de los hogares. Se multiplicaron empleos públicos y los contratos con las entidades gubernamentales. La abundancia de divisas revalorizó el boliviano, abaratando los productos de importación, desde las cebollas chilenas hasta los celulares más sofisticados, pasando por toda la gama de alimentos, ropa, herramientas, vehículos y máquinas.
En medio de esta fiesta del consumo y el gasto, el país ignoró a quienes pedían mayor prudencia en las inversiones públicas y más atención al desempeño de los sectores productivos vinculados a la agricultura y a la industria manufacturera, y restó importancia a los riesgos de la dependencia exportadora de bienes primarios. Las autoridades económicas desvirtuaron las voces de alarma asegurando que el modelo boliviano era sustentable y estaba protegido de las crisis externas.
Pero, desde mediados del 2014 los precios de los hidrocarburos, de los minerales e incluso de los productos agroindustriales mostraron comportamientos preocupantes, con descensos prolongados y pequeñas oscilaciones. Las exportaciones empezaron a caer y desde noviembre del 2014 las reservas internacionales no han dejado de bajar y se ubican por debajo de los 10 mil millones de dólares. Son, pues, varias las luces de alarma encendidas en nuestra economía.
Las importaciones también se han reducido, pero a un ritmo más lento, por lo que el déficit comercial es cada vez mayor y se lleva una parte importante de las divisas. Al bajar las ventas de hidrocarburos y minerales y contraerse el comercio exterior, han caído los ingresos fiscales, dando paso a un déficit que también crece. Se estima que el 2016 el déficit fiscal se situó entre el 7 y el 7.5% del Producto Interno Bruto (PIB).
Estas luces de alarma deben alertar a quienes toman decisiones en el campo económico, pues lejos de estar blindada, nuestra economía es extremadamente vulnerable. Administrar las expectativas, como lo ha venido haciendo el Ejecutivo, evita problemas por poco tiempo. Endeudarse o aumentar el gasto para cubrir déficits agravará la situación en el futuro, como lo hará un aumento de la presión fiscal sobre los productores y comerciantes, que ya están desanimados de invertir y contratar nuevos trabajadores por las excesivas regulaciones que se les imponen.
Las luces de alerta están encendidas y necesitamos que se les preste atención dando prioridad a las necesidades de la gente, de los trabajadores y de los empresarios, antes que a las de los organismos públicos y las burocracias.
Lejos de estar blindada, nuestra economía es extremadamente vulnerable. Administrar las expectativas, como lo ha venido haciendo el Ejecutivo, evita problemas por poco tiempo
