Continuando con esta línea de artículos sobre Justicia en Bolivia, en el presente nos referiremos a la calidad y la formación de los administradores de justicia. Sin duda, éste es otro de los aspectos que tiene que ver con la crisis de la justicia boliviana.
En cualquier país, que no sea el nuestro, se exige que los profesionales que administren justicia sean los más calificados y tengan el mayor reconocimiento social. En España, en México, en Colombia o en Chile, la exigencia es tal que los profesionales abogados que optan por la función jurisdiccional luego de sus estudios básicos académicos en la Universidad, están obligados a cumplir dos, tres y hasta cuatro años más de formación para ser jueces y magistrados. Se entiende, que ésta formación ya no es sobre la información legal y jurisprudencial, sino una formación amplia en doctrina, en filosofía (axiología y epistemología) jurídicas, tanto como en otras disciplinas conexas con el derecho, para tener una amplia cultura, no sólo una cultura jurídica, sino una cultura general que es la base de la ponderación y probidad que debe tener el juez para juzgar con sabiduría, sabiduría que no es tecnicismo judicial.
Más allá del dominio de conocimientos que debe tener quien postula para ser juez y las graves aflicciones que tiene que pasar en los exámenes de oposiciones y otros mecanismos de selección, para lograr matrícula en las instituciones de formación y capacitación de jueces: Escuela Judicial, Escuela de la Magistratura, Instituto de la Judicatura, Posteriormente para aprobar las oposiciones y alcanzar la designación para entrar en la Carrera Judicial con autoridad y potestad jurisdiccional así como reconocimiento social y, por supuesto, el reconocimiento económico del Estado para vivir holgadamente dedicándose a su trabajo de hacer justicia, sin otra distracción.
Es obvio, que con todas estas exigencias, se selecciona a los mejores, porque son ellos quienes con una sentencia judicial definen sobre: la libertad, el patrimonio e, incluso, la vida de los ciudadanos. Aquellos ciudadanos destacados y con autoridad moral que, con una decisión judicial rigurosamente fundamentada, pueden parar las arbitrariedades del poder político, como está pasando estos días en EE.UU. con el Juez James L. Robart del Distrito de Washington, quien ha parado la Orden Ejecutiva anticonstitucional y discriminatoria del presidente Donald Trump.
En cambio, en países como el nuestro, en los cuales no se tiene consolidada la Institucionalidad, que es una de las debilidades de la democracia, la designación de autoridades judiciales y funcionarios con potestad jurisdiccional para la delicada y eminente labor de hacer justicia es resultado de acuerdos y compromisos políticos. NO solamente ahora, en anteriores períodos políticos, como todos conocemos, fue por “cuoteo”. Ahora, supongo, que es por “llunkeo”.
En estas condiciones, no cuenta la calificación profesional, ni los méritos, ni el esfuerzo personal para lograr una mejor formación profesional, ni la carrera profesional. Con algunas excepciones de magistrados y jueces de amplia trayectoria así como reconocimiento social sobre su calidad profesional y su reconocida probidad, la mayoría improvisada o designada por política es un factor más de la grave crisis de la justicia en Bolivia.
Sin tocar la deficiente formación básica que las universidades públicas como privadas con excepción probablemente de la Universidad Católica Boliviana, proporcionan a los estudiantes de derecho.
