Como se advirtió en forma oportuna, los efectos del fin de la bonanza económica han comenzado a llegar al país y pese a las innumerables advertencias hechas desde diferentes espacios, las autoridades han intentado minimizar esa realidad.
Los argumentos con un tono irresponsablemente triunfalista giran alrededor de que ese tiempo de bonanza no se debió tanto al incremento de los precios de los recursos naturales que exportamos, minerales e hidrocarburos, sino al impulso de una economía comunitaria, blindada a las presiones foráneas. Además, disminuir la importancia de los precios de los recursos naturales les ayuda a realizar sus comparaciones con el pasado, en las que obvian sistemáticamente hacer referencia a los precios internacionales vigentes en esos tiempos, que limitaban la capacidad económica del Estado.
Pero, se trata, nomás, de un ejercicio de autoengaño, pues la realidad se va imponiendo, y dos ejemplos circunstanciales son suficientes para inferir que los recursos del Tesoro del Estado están menguando. Uno, disponer que sean los gobiernos municipales los que paguen un bono a las personas con capacidades diferentes, cuando, no hace mucho, las autoridades insistían en que la negociación con este sector correspondía al nivel central.
El segundo ejemplo es la incapacidad de honrar el pago de los montos de contraparte comprometidos para la construcción de obras públicas, mientras las autoridades consultadas, cuando se producen estos casos, tratan de desviar la responsabilidad por este retraso, sin explicar las razones que provocan las demoras y, lo que más interesa a la población, la forma en que se resolverá.
Al margen de las acciones de hecho en curso que el Gobierno central debe atender, todo conduce, como hemos señalado a propósito del proyecto de incremento impositivo a la banca, a la necesidad de que el Órgano Ejecutivo informe con transparencia a la población sobre el estado de la economía.
La experiencia del país en este campo muestra que mientras más se oculta información, aumentan las condiciones de crisis; en cambio, si la administración es transparente y los problemas debidamente enfrentados e informados, de seguro que la gente mantendrá su confianza en la gestión.
Obviamente, ir por este camino exige que el gobierno asuma de veras una actitud de austeridad. De lo contrario, las deudas impagas que afectan directamente al ciudadano seguirán aumentando, junto con la desconfianza, principal enemiga de la estabilidad.
Es urgente que el Gobierno asuma de veras una actitud de austeridad. De lo contrario, las deudas impagas que afectan directamente al ciudadano seguirán aumentando, junto con la desconfianza, principal enemiga de la estabilidad
