La pugna entre el Gobierno central y las alcaldías por desligarse del pago del bono de Bs 250 mensuales para las personas con discapacidad grave y muy grave en Bolivia vuelve a la agenda pública por la presentación de una nueva propuesta de “Ley de Inserción Laboral y de Ayuda Económica para las personas con discapacidad”, el pasado 13 de febrero, que dispone que los municipios se hagan cargo del monto establecido, con recursos propios.
Como señalan los entendidos, esta propuesta modifica varias de las disposiciones previas poniendo en desventaja a los presuntos beneficiarios, a los que se expone a una mayor vulnerabilidad y discriminación, partiendo de que mientras hasta ahora había la obligación de contratar como mínimo a un 4 por ciento de trabajadores con algún grado de discapacidad, en la propuesta, debido a una redacción algo engorrosa, ese mínimo puede ser transformado en máximo.
Asimismo, la propuesta deja de tomar en cuenta que los discapacitados son sujetos y titulares plenos de derecho al incluir a sus parientes como representantes tanto para el manejo del bono, como para la inclusión laboral que permita la mantención del discapacitado.
Por otra parte, el proyecto de ley clasifica a este sector de la población hábil para recibir el bono, dividiéndola entre “discapacitados graves” y “muy graves”, lo que nuevamente se convierte en un acto discriminatorio que diluye los derechos de igualdad a los que se pretende llegar con una norma inclusiva.
De acuerdo con datos del Sistema de Información del Programa de Registro Único Nacional de Personas con Discapacidad (Siprun), dependiente del Ministerio de Salud, al 17 de febrero de este año el país tiene registradas y carnetizadas a 58.493 personas con discapacidad; cifra que no llega a tomar en cuenta ni al 1 por ciento de la población discapacitada.
Con este panorama desalentador para los afectados, los avances que se logren con el pago de bonos con recursos de donde fueran, y hasta que se hagan efectivos –2018 según se prevé–, la desigualdad y discriminación hacia este sector continúa en vitrina.
Si bien el proyecto de ley presentado intenta paliar en algo las necesidades básicas de algunos discapacitados, los vacíos legales continúan, cuando el Gobierno es el directo responsable de velar por la seguridad social de los bolivianos, de acuerdo con el artículo 299 de la Constitución Política del Estado. Y aunque en el tema específico de discapacidad la CPE confiere a la gobernación o municipalidades (artículos 300 y 302) la competencia de exclusividad, urge legislar estos acápites que dan paso a la libre interpretación, pues el Estado, más allá de sus niveles, es el responsable de erogar los recursos que se inviertan en este porcentaje de la población afectada con discapacidades.
Cabe recordar al respecto que los municipios y gobernaciones administran cerca del 15 por ciento de los recursos del país, mientras que el Gobierno central el 85 por ciento restante, no siendo infrecuente que se destine demasiados recursos a gastos insulsos o satisfacer improvisadas ideas que luego resultan un fracaso total.
Municipios y gobernaciones administran cerca del 15 por ciento de los recursos del país, mientras que el Gobierno central el 85 por ciento restante, no siendo infrecuente que se destine demasiados recursos a gastos insulsos o satisfacer improvisadas ideas que luego resultan un fracaso total
