Las violentas confrontaciones registradas la semana pasada en Achacachi son una confirmación más de que son correctas las advertencias que desde diversos ámbitos del país se ha ido haciendo a las autoridades de Gobierno respecto a que la obsesión de las autoridades por habilitar una vez más al Primer Mandatario como candidato presidencial en 2019 les está haciendo perder capacidad de gestión.
Es posible afirmar que Omasuyos, provincia a la que pertenece Achacachi, respaldó masivamente al Primer Mandatario –no tanto al MAS–, tanto en sus ciudades intermedias como en el área rural por su identidad indígena antes que como político representativo. Es que se debe recordar que de esta región han salido líderes indígenas como el ex vicepresidente de la República Víctor Hugo Cárdenas, Felipe Quispe, el ex canciller David Choquehuanca, el gobernador paceño Félix Patzi. Es decir, Omasuyos es un referente fundamental en la historia del país, particularmente de las etapas de activa participación indígena.
Asimismo, Achacachi, a su vez, ha sido escenario de una serie de enfrentamientos y sus pobladores son reconocidos como personas decididas y con capacidad de movilización militar desde la guerra federal de 1898, el período inicial del liberalismo republicano, la revolución nacional de 1952, la recuperación del sistema democrático de 1982 y el empoderamiento popular que culminó con el ascenso al gobierno del MAS el 2006.
De ahí que los enfrentamientos de la semana pasada entre los habitantes del pueblo, que han interpelado al Alcalde, un reconocido militante del MAS, y los denominados “Poncho Rojos”, una fuerza de choque originalmente creada por Quispe y actualmente cooptada por el partido oficialista, no deben ser considerados como una anécdota. Pues, al margen de una intolerable acción de violencia paramilitar y delincuencial, esta situación muestra la incapacidad del Estado de controlar esa violencia y sancionar a sus autores, función básica para garantizar gobernabilidad.
Además, esta nueva confrontación se dio casi en forma simultánea con la huelga general de los trabajadores y médicos de la Caja Nacional de Salud y disputa entre los productores de coca de los Yungas de La Paz y del trópico cochabambino por el proyecto de la nueva Ley de Coca que, según los yungueños, favorece altamente a los del Trópico en su directo perjuicio.
Es decir, se trata de confrontaciones dentro del bloque de poder creado por el MAS y sobre el que sustenta su gobierno, así como sus posibilidades de, violentando la Constitución Política del Estado (CPE) y el resultado del referéndum constitucional de febrero del año pasado, viabilizar una nueva postulación de los actuales mandatarios.
Lamentablemente, en el afán de prorrogarse en el gozo del poder en forma indefinida, las autoridades y dirigentes del MAS han desatado las condiciones que conducen al desgobierno, sin darse cuenta, aparentemente, que ese destino conspira contra ellas mismas, como bien enseña nuestra historia, y las violentas confrontaciones en Achacachi pueden ser, como lo han sido en otros episodios de nuestra historia, el anuncio del fin de un ciclo histórico.
Autoridades y dirigentes han desatado las condiciones que conducen al desgobierno, sin darse cuenta, aparentemente, que ese destino conspira contra ellas mismas, como bien enseña nuestra historia
