Las reacciones ante la sentencia de 15 años para Leopoldo Fernández han sido variadas. Para Evo Morales, el “genocida separatista” merecía la máxima pena, sin enterarse que los cargos de terrorismo y separatismo habían sido desestimados. Otra gran mayoría alega por la absolución. No faltan los Torquemadas, que sentencian que un latifundista, separatista y racista merecía eso y mucho más. En medio de tantos criterios sobre un mismo tema, me arrogo la libertad de dar el mío, tras evocar los temores que me dominaban cuando, minuto a minuto, hiciera seguimiento de los hechos noticiosos ese trágico 11 de septiembre de 2008.
La muerte de Pedro Oshiro, funcionario de la Prefectura pandina y primera víctima de esa jornada, junto a otros cívicos heridos, gatillaría la violencia de Pando sellando el destino de Fernández. El Prefecto ya estaba en la mira. Morales no podía perdonar a quien develara públicamente haber agradecido, pero rechazado, la invitación que le hiciera para sumarse al “proceso de cambio”.
Recuerdo a Fernández suplicar desde los micrófonos de una emisora a vecinos y a seguidores replegarse a sus casas y no sumarse a la violencia. Las fuerzas del orden no intervendrían pese a su desesperado pedido auxilio. En Pando, esa suerte de Far West boliviano, ganaron la bronca, la venganza, el racismo y las tensiones latentes en torno a un conflicto que confrontaba al primer gobierno de Evo Morales con la dirigencia de la “media luna” mayoritariamente opositora. Pero ante todo, ganó el frío cálculo de quien, al disparar contra la humanidad de Oshiro, sabía que provocaría la previsible reacción de un adversario temeroso del retorno del fantasma de la masacre de “Terebinto” en ese clima de máxima polarización. En la estrategia de reposicionamiento del gobierno, Pando era el eslabón más débil de una región rebelde por autonomista, no por separatista.
Según Brie, autor del documental “Tahuamanu, morir en Pando” contrariamente a la información que le dieran fuentes oficiales, pudo constatarse la tenencia de armas en filas de los campesinos e indígenas marchistas, cuya mayoría asumía ser parte de una manifestación pacífica. Eso no se investigó. En octubre del año 2013, Brie informaba que la abogada acusadora de Fernández optó por dejar de lado la prueba de la existencia de armas en filas indígenas a fin de no derrumbar los argumentos de su defensa. También lamentaba que instancias de derechos humanos lo hicieran, aunque años después reconocerían los excesos de un juicio ciego a preceptos del debido proceso. También se archivó el informe del perito forense argentino Brailovsky, el cual cuestionaba la seriedad del informe forense certeramente utilizado para precipitar la aprehensión de Fernández. Muy pronto, los hechos dejarían mal parado al reporte de la misión de UNASUR, el mismo que daba por cierta la tesis oficial masivamente difundida mediante impactantes cortos audiovisuales amañados en la que se anticipaba sentencia contra el “masacrador de Pando” comprometiendo con ello la objetividad del juicio de marras.
¿Fernández separatista? Esa es una acusación que ni Evo Morales se la cree pese a acusar de “traidor a la patria” a todo aquel que ponga en duda la sentencia de tan bullado caso. Separatistas, si los hubo, habrían sido algunos cuantos estridentes cuyas voces aisladas se atizaron y magnificaron para caer como anillo al dedo a la estrategia para bajar la caña las pretensiones cuasi federativas de las envalentonada dirigencia del oriente boliviano.
¿Cuándo se sabrá la verdad histórica de los hechos en este y otros casos? Para muchos, nunca o algún lejano día, de mediar la acción de tribunales internacionales. Fue de tal magnitud la manipulación de pruebas que la verdad ha sido sepultada. Y es que, mientras el sistema de justicia esté bajo sospecha y la judicialización de la política sea un hecho comprobable, correrán muchas versiones sobre el caso Porvenir bajo el puente de infamias tejidas desde el poder y de la impotencia “del no poder” acceder a un juicio justo.
