A propósito de la ampliación de los causales para que una mujer embarazada pueda someterse a un aborto en el proyecto de Código del Sistema Penal se ha generado, como era de esperar, una intensa, descalificadora y poco constructiva polémica entre por lo menos tres actores: las autoridades de gobierno y los dirigente del MAS, promotores de dicho proyecto, la Iglesia Católica y otras expresiones religiosas que lo rechazan tajantemente, y varias organizaciones de la sociedad civil y personalidades que si bien apoyan la aprobación de la propuesta gubernamental, la consideran insuficiente pues a su criterio se debería despenalizar el aborto en el país.

Se trata, sin duda, de un tema muy importante y que afecta radicalmente percepciones, sentimientos y posiciones, que se expresan, lamentablemente, con elevados grados de intolerancia, situación que impide entablar un diálogo sereno sobre este asunto que, sin duda, requiere de una amplia participación ciudadana y de que el Estado podría recoger criterios para elaborar una política pública de largo alcance.

Lamentablemente, las autoridades, como ocurre con demasiada frecuencia desde hace poco más de un año, muestran incapacidad para poder llevar procesos de consulta racionales antes de adoptar políticas que, se sabe, generarán profundas divergencias, como es el caso del aborto. Incluso se trató de utilizar, de muy mala fe, al papa Francisco para respaldar ese proyecto.

Es tan apasionada la controversia que generalmente se olvida que el país tiene una normativa de larga data sobre el tema, adecuada a los tratados y convenciones, pero que puede ser puesta en peligro por actuar en forma improvisada y en función a intereses de corto plazo, como ha sucedido, por ejemplo, en la Nicaragua gobernada por el Frente Sandinista de la familia Ortega.

Además, la cerrazón de posiciones, particularmente de parte de algunas organizaciones de la sociedad civil y analistas, hace que el objeto del tema cambie para atacar, por sobre todo, a la Iglesia Católica, su jerarquía y sus feligreses.

En ese estado de situación, se olvida que tanto por la importancia del tema, como por un mínimo principio democrático, nadie que quiera pronunciarse al respecto debe ser agredido por su posición. Más bien, se debe impulsar a que con plena libertad se expongan los argumentos a favor y en contra, y se pueda avanzar hacia acuerdos básicos que tengan como premisa el bien mayor, que en este caso es la mujer embarazada.

Esta falta de respeto y amplitud de criterio está provocando que en el cruce de agresiones se recale muy poco en peligrosos conceptos sobre el aborto incluidos en el proyecto de Código como el del nivel de pobreza como un factor para autorizarlo o que se avance en la idea de que éste puede convertirse en un mecanismo de control de natalidad, entre los principales.

Adicionalmente, esta forma de debatir hace olvidar que, por lo poco que aún se conoce del proyecto de Código, haya retrocesos en la forma de conceptualizar el delito, la tipificación y las sanciones, que afectan directamente los derechos humanos.

Por lo señalado, el desafío es debatir sobre argumentos, sin agresiones ni descalificaciones.

Se debe impulsar a que, con plena libertad, se expongan los argumentos a favor y en contra, y se pueda avanzar hacia acuerdos básicos que tengan como premisa el bien mayor, que en este caso es la mujer embarazada