Más de 20 gobiernos de las Américas han solicitado formalmente una sesión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos (OEA) para emitir una declaratoria sobre la crisis en Venezuela. Estos países consideran que hay "una alteración del orden constitucional" y han decidido dar este paso al considerar que "se pasó la raya" con la sentencia del Tribunal Supremo por la que asume las facultades de la Asamblea Nacional (AN), de mayoría opositora desde enero de 2016, según la información que ha surgido tras lo sucedido entre la medianoche del miércoles y el jueves.
Si el Consejo Permanente declara que en Venezuela "hay una alteración del orden constitucional" que afecta "gravemente su orden democrático", se iniciaría la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, como pide desde el pasado 31 de mayo el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Y aunque es una posibilidad que esto no prospere debido a la retórica de intervencionismo que maneja el grupo de países del bloque bolivariano –entre ellos, Bolivia–, hay urgencia de actuar para que la tensión política en el país caribeño no se desborde.
Estos países consideran de mayor prioridad la liberación de presos políticos, el reconocimiento de la legitimidad de las decisiones de la Asamblea y que se establezca un calendario electoral, incluyendo las elecciones pospuestas. A estas opciones se ha negado sistemáticamente el gobierno de Nicolás Maduro, al denunciar lo que considera una intromisión digitada por Estados Unidos.
No obstante, al margen de los discursos políticos, que siempre han servido para cubrir carencias propias y señalar las ajenas, corresponde llamar la atención sobre la disposición de toda la región de “colaborar con el pueblo y el gobierno de Venezuela en todo aquello que pueda contribuir a una solución de los desafíos políticos, económicos y sociales en ese país y nos mantendremos atentos a los esfuerzos para abordar estos desafíos durante las próximas semanas a fin de considerar los próximos pasos necesarios”, según una declaración que suscribieron inicialmente 14 países hace un tiempo.
La importancia de los distintos pronunciamientos en los últimos días radica en que se rompe el silencio sobre la crisis venezolana, lo que bien harían en tomar en cuenta las autoridades, más allá de las respuestas histriónicas e insultantes que a través de redes sociales y declaraciones periodísticas han dado.
Persiste todavía el convencimiento de que hay posibilidades de concertar una salida pacífica y democrática a la crisis que vive Venezuela, pero que ésta debe surgir en el corto plazo.
La crisis puede ser tomada como una nueva posibilidad de encauzar a Venezuela en forma pacífica y bien harían los pocos gobiernos aliados de las autoridades de ese país en sugerirles evitar más división y sufrimiento a su población.
La crisis puede ser tomada como una nueva posibilidad de encauzar a Venezuela en forma pacífica y bien harían los pocos gobiernos aliados de las autoridades de ese país en sugerirles evitar más división y sufrimiento
