Diez años atrás, el año 2007, cuando Sucre se organizó a través de sus instituciones para llevar a la Asamblea Constituyente su exigencia de que sus derechos históricos como Capital de Bolivia les sean reconocidos –como corresponde– en el texto constitucional en actual vigencia, la movilización departamental, sustentada en legítimos derechos, fue penetrada y distorsionada por la acción de intereses políticos y regionales ajenos a la causa sucrense.
La dirigencia cívica y empresarial del departamento de Santa Cruz, en ese entonces bastión opositor del gobierno del presidente Evo Morales, trasladó toda su fuerza movilizadora y de resistencia contra el denominado “proceso de cambio” aquí, a la ciudad de Sucre, sede de la Asamblea Constituyente de 2007.
Y para hacerlo, infiltró las organizaciones cívicas sucrenses y a sus líderes –o, al menos, a muchos de ellos–, los financió con recursos económicos y logísticos y convirtió a la ciudad de Sucre en su campo de guerra. Pero no una guerra para hacer valer y respetar la demanda chuquisaqueña, sino para encubrir, detrás de ella, el velado propósito de la oposición política del momento, de conducir la Asamblea Constituyente al fracaso.
Instrumentalizaron, en los hechos, la genuina movilización sucrense y la distorsionaron con no otro objetivo más que el de desestabilizar el proceso constituyente. Así pues, mientras la población se movilizaba en las calles con ferocidad y convicción moral sin precedentes, segura de que lo hacía en defensa de la condición de Capital que ostenta Sucre desde la fundación de la República, la dirigencia cívico-empresarial cruceña, y sus aliados políticos y regionales del momento, le echaban, de manera solapada, más gasolina al fuego para convertir el reclamo capitalino en el argumento perfecto para asediar y hacer fracasar la Asamblea Constituyente.
En esas circunstancias, Santa Cruz, como cabeza de los departamentos de la denominada “Media Luna” (los no alineados con el proceso político del Movimiento Al Socialismo), contemplaba a Chuquisaca como aliado; seducía y elogiaba a sus autoridades. El romance político llegaba a tal extremo que la accidental Prefecta (gobernadora) de Chuquisaca recibía del Gobernador de Santa Cruz el apelativo de “Presidenta”.
No está de más recordar que aquella movilización le costó a Sucre un prolongado ensañamiento político de parte del Gobierno que se tradujo en el frontal marginamiento y bloqueo a cuantas oportunidades y aspiraciones de asistencia económica para proyectos de desarrollo pudo haber tenido del nivel central.
Y solo como anécdota. Más de un siglo antes, en otro episodio negro de nuestra historia, Chuquisaca cedía extensas zonas de territorio en favor de Santa Cruz a cambio –según lo señalan varios historiadores– de su respaldo para que la Sede de Gobierno no sea traslada, como finalmente ocurrió, a la ciudad de La Paz.
Resulta oportuno recordar esos hechos ahora, precisamente cuando Santa Cruz, en una circunstancial complicidad de intereses económicos y políticos con el Gobierno, se niega a ni si quiera a poner sobre la mesa de discusión los derechos reclamados por Chuquisaca en torno a la propiedad compartida de las regalías provenientes del campo gasífero Incahuasi.
Como Chuquisaca no resulta significativa en términos económicos, y mucho menos en cuanto a su gravitación político-electoral, el Gobierno inclinó sin disimulos su balanza a favor de Santa Cruz. Y por su parte, las autoridades cruceñas, motivadas, como era de esperar, por los ingentes recursos que resultarán de su explotación, demostraron cuánto les puede importar un departamento del que se sirvieron y al que utilizaron en numerosas ocasiones para su propio beneficio. ¿Dónde quedaron la alianza natural entre ambas regiones, o las sucesivas declaraciones de deuda histórica, de lealtad y gratitud hacia Chuquisaca?
En esta nueva puñalada a las aspiraciones departamentales, como si la abierta parcialidad gubernamental o la mezquindad cruceña no bastaran, juegan a su favor, por desgracia, la total ineptitud y negligencia demostradas por la Gobernación de Chuquisaca, primero, y la Alcaldía y la propia Universidad de San Francisco Xavier, después, como beneficiarias de las regalías provenientes de la explotación de gas natural.
En esta nueva puñalada a las aspiraciones departamentales, como si la abierta parcialidad gubernamental o la mezquindad cruceña no bastaran, juegan a su favor, por desgracia, la total ineptitud y negligencia demostradas por la Gobernación de Chuquisaca, primero, y la Alcaldía y la propia Universidad de San Francisco Xavier, después, como beneficiarias de las regalías provenientes de la explotación de gas natural
