Es un extremo incalificable que el Instituto de Cancerología “Cupertino Arteaga”, el único y más antiguo de la ciudad de Sucre, tenga que acudir a los ciudadanos y pedir, en una Teletón programada para el próximo 6 de mayo, la dádiva del público para cambiar la fuente (pastilla de cobalto) de su equipo de cobaltoterapia.
No es degradante, y mucho menos indigno, extender la mano. Pero resulta desde todo punto de vista imperdonable que las autoridades departamentales y locales, además de la propia Universidad San Francisco Xavier –de la cual depende el Instituto “Cupertino Arteaga”–, no hayan realizado las gestiones ni tomado las previsiones necesarias para la renovación de una pastilla de cobalto cuyo costo total es de apenas 100 mil dólares.
Debemos destacar y aplaudir la iniciativa del equipo médico del Instituto “Cupertino Arteaga”, a la cabeza de su Director, Róger Corrales, para garantizar el servicio de radioterapia a los pacientes con cáncer. Y es de esperar que la población chuquisaqueña acuda a su convocatoria, en la Telemaratón del sábado 6 de mayo, en procura del monto requerido para tal propósito.
El esfuerzo y ejemplar compromiso de ese equipo médico contrasta abismalmente con los ribetes de escándalo a los que ha llegado la negligencia de las autoridades concernidas, sean del nivel nacional, departamental o local, cuya obligación es mantener en funcionamiento, y debidamente equipados, todos los servicios médicos de carácter público.
La bomba de cobaltoterapia fue donada el año 1999 (hace más de 15 años) por el Organismo Internacional de Energía Atómica. El año pasado ya dejó de operar por cinco meses, debido a fallos técnicos, y ahora los médicos deben acudir a la solidaridad de la gente para evitar otra paralización. ¿Dónde están el Estado y nuestras autoridades?
El Gobierno inició, en 2015, el programa “Hospitales para Bolivia”, con una inversión programada de $us 1.624 millones que se traducirá en la construcción de 46 hospitales en varios municipios rurales y en todas las ciudades capitales de Bolivia, menos en Sucre, a la que después se prometió un nosocomio de tercer nivel, sin plazos ni montos. Hospitales con costos que oscilan entre los 20 y 200 millones de dólares, aproximadamente.
Pero cuando en Sucre la administración regional de la Caja Nacional de Salud resuelve, hace poco, comprar un flamante hospital de tercer nivel, totalmente equipado, en $us 12 millones, las autoridades centrales, con el silencio cómplice de las locales, inmediatamente aparecen para vetar la operación.
La Gobernación de Chuquisaca puede regalarle más de 200 mil dólares a un competidor del Dakar; la Universidad se gasta varios miles de dólares en el desenfreno estudiantil de una entrada folclórica o en contrataciones indebidas; y ni qué decir del Gobierno Nacional, que se consume millones entre viajes, actos políticos y propagandísticos y hasta partidos de fútbol, por no citar otro largo etcétera de ejemplos. ¿Pero ninguno de los tres, o todos juntos, pueden financiar una pastilla de cobalto de 100 mil dólares para el Cancerológico de Sucre?
La ciudad Capital de Bolivia merece una explicación, además de una reparación, por el sistemático marginamiento y el trato indolente que recibe de sus propias autoridades y de aquellas del nivel central.
El esfuerzo del equipo médico del Instituto de Cancerología de Sucre contrasta abismalmente con los ribetes de escándalo a los que ha llegado la negligencia de las autoridades concernidas, sean del nivel nacional, departamental o local, cuya obligación es mantener en funcionamiento, y debidamente equipados, todos los servicios médicos de carácter público
