EDITORIAL

Violencia en los hogares bolivianos

Dirigentes y pobladores de comunidades, autoridades cívicas y asambleístas de Vallegrande han decidido presentar ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TPC) un recurso de inconstitucionalidad del decreto supremo que autoriza a la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) la ejecución del proyecto hidroeléctrico Rositas de Vallegrande, arguyendo que “la obra tendrá graves efectos económicos, sociales y ambientales”.

Es posible que en esa posición coincidan diversos intereses de la región que consideran que la construcción de la obra hidroeléctrica puede afectarlos. Incluso, como en muchas oportunidades han denunciado las autoridades de gobierno, puede haber organizaciones ambientalistas radicales que impulsan ese rechazo. Pero, también es posible –como ha sucedido– que los comunarios y dirigentes tengan razón pues la obra podría dañar su hábitat y constituirse en un serio e irreversible atentado en contra del medio ambiente. Es por esa divergencia de criterios sobre este tipo de obras que gracias a la movilización de pueblos indígenas y organizaciones de defensa del medio ambiente a nivel mundial que se han suscrito tratados dirigidos a preservar el medio ambiente de proyectos depredadores y a consultar la posición de los pueblos originarios asentados en las regiones donde se decide instalar el proyecto.

Bolivia ha sido un país pionero en esta tarea de defensa del medio ambiente y la consulta a los pueblos originarios desde mediados de la década de los 80 del siglo pasado. Prueba de ello ha sido la inclusión en la Constitución Política del Estado (CPE) de normas claras y precisas sobre el tema, particularmente las referidas a la previa y vinculante consulta a los pueblos originarios.

Muchas de las corrientes que coexisten dentro del MAS han sido portadoras de esos lineamientos, por lo que llama la atención la incapacidad de las autoridades de cumplirlos dando curso a las consultas que sean necesarias para garantizar que sus proyectos en el campo de la explotación de recursos naturales y generación de energía, y de la construcción de carreteras no sean rechazados. Peor aún. Pese a la experiencia de la frustrada (hasta ahora) construcción de una carretera que atraviese el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro-Secure (Tipnis), las autoridades de gobierno y los ejecutivos de las empresas estatales insisten en eludir la debida consulta y realizar un proceso de información transparente que vaya más allá de la distribución de prebendas.

Como en su tiempo se afirmó, es posible que si se hubiese actuado conforme a ley, incluso ya podría estar construida esa carretera. En este marco, la ejecución del proyecto hidroeléctrico que se comenta puede ser muy importante y también es posible –aunque por la falta de información transparente no se puede asegurar– que incluya medidas técnicas para aminorar, cuando no eliminar, el impacto ambiental, económico, social y cultural. Pero es inevitable realizar el proceso de consulta como establece la CPE, y avenirse a incluso incorporar las contrapropuestas provenientes de los pueblos ahí asentados. Sin duda, como dice el refrán popular, en las autoridades de gobierno parece haber una tendencia a tropezar más de una vez en la misma piedra.

Las autoridades deben usar de ejemplo la experiencia del Tipnis para en adelante planificar y ejecutar cualquier proyecto futuro, tomando en cuenta siempre los resultados de la consulta vinculante

 

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