Hace ya mucho tiempo atrás que Venezuela dejó los cauces democráticos para empezar a transitar por senderos que violentan elementales principios de cualquier estado de Derecho. Y los sucesos, después de que una insólita decisión del Tribunal Supremo de ese país –controlado por el régimen gobernante– determinase retirar las competencias del Poder Legislativo, con mayoría opositora, por estar supuestamente en “desacato”, han sido probablemente las últimas pinceladas que completan el cuadro de ruptura democrática que se venía configurando en ese país.
No es la primera vez que un gobierno, o un gobernante, con vocación totalitarista, cae en la tentación de quebrantar la institucionalidad democrática para conseguir un dominio absoluto del poder.
Eso es lo que sucede en Venezuela, tras la tácita absorción de las facultades legislativas por parte de un Tribunal Supremo de Justicia controlado políticamente, que aunque después reculó parcialmente, ya había dejado un precedente.
¿Cómo puede interpretarse tan insólita determinación judicial si no es como la desesperada fórmula política para apartar del camino del Gobierno a una asamblea legislativa dominada por la oposición? ¿Es, acaso, la nueva forma de darle un barniz de legalidad a un régimen que cada vez más demuestra no tener vocación democrática?
Prescindir de la representación política que ejerce la ciudadanía a través del órgano legislativo equivale a nada más y nada menos que atropellar y profanar el Estado de Derecho para establecer un régimen dictatorial, sin importar que para ello se le pretenda dar el matiz de una decisión judicial que constituye una flagrante violación de la propia constitución venezolana y de todos los acuerdos e instrumentos jurídicos internacionales.
El régimen venezolano cruzó la frágil línea que todavía lo sostenía sobre su apariencia democrática, y lo ha seguido haciendo en las sistemáticas acciones de represión ante las protestas incesantes de la oposición.
En un país con una economía prácticamente descuartizada, con una población que se debate entre la desesperanza, el hambre y la escasez alimentaria, resulta imposible asimilar que exista un Gobierno, y un presidente, cuyo único objetivo no sea otro más que el de conservar el poder secuestrando sus instituciones democráticas y asfixiando a sus propios ciudadanos cada vez más castigados por el descalabro económico que azota a ese país.
La comunidad internacional, que al parecer es la única esperanza para recuperar a Venezuela de lo que parece ser una aventura dictatorial y aplacar la amenaza de una confrontación interna, ya no puede mantener la misma mirada esquiva y hasta tolerante que la ha caracterizado hasta el día de hoy.
Parece ser tiempo, sin más espacios ni actitudes vacilantes, de que los países y organismos internacionales comprometidos con la democracia y el respeto de los legítimos derechos de los pueblos se pronuncien en consecuencia y con la firmeza que demandan las actuales circunstancias. (R)
La comunidad internacional, que al parecer es la única esperanza para recuperar a Venezuela de lo que parece ser una aventura dictatorial y aplacar la amenaza de una confrontación interna, ya no puede mantener la misma mirada esquiva y hasta tolerante que la ha caracterizado hasta el día de hoy
