En lo que podría interpretarse como un paliativo al incremento salarial por encima de los tradicionales parámetros para fijarlo y luego de realizarse una reunión reservada sobre cuestiones económicas con la dirigencia empresarial, el Presidente del Estado anunció un sorpresivo Plan de Empleo Urgente, en circunstancias en las que, como muchos economistas de reconocido prestigio sostienen, el país necesita con urgencia una política de inversiones.
Al exponer el Plan, el Primer Mandatario aludió a los despidos en el sector público que ocurrirían por la contracción de los ingresos fiscales, de manera que uno puede suponer que este programa se está anticipando a lo que puede venir. En ese caso habría que aplaudir la actitud previsora que muestra el Ejecutivo.
El Presidente ofreció destinar 345 millones de dólares para cinco programas que van desde enlosetado de calles hasta créditos bancarios a nuevos emprendimientos. También dijo que estos programas requerirán la participación de los municipios, las gobernaciones, las empresas privadas y el sistema bancario, lo que implica un complejo sistema de coordinación. Su objetivo sería reducir el desempleo y reactivar la economía.
El problema es que se pretende resolver un problema de gasto fiscal con otro gasto público. Si hay el financiamiento, ¿por qué no reforzar los presupuestos de los gobiernos locales? Y si no lo hay, ¿cómo planean financiar este programa? Esta información es fundamental y las explicaciones son todavía muy vagas.
En situaciones de emergencia y crisis aguda, un programa como el propuesto puede ser útil siempre que se lo considere como transitorio y se pongan en marcha, al mismo tiempo, políticas de efectos más duraderos. La política gubernamental ha estado orientada hasta ahora por la convicción de que la inversión pública es suficiente para dinamizar la economía, y se ha hecho muy poco para alentar la inversión privada. Incluso podría decirse que se la menospreció al excluir a los empresarios de la concertación tripartita que recomiendan los organismos internacionales y al imponer a las empresas aumentos salariales, restricciones de precios y mercados, presiones impositivas, prohibiciones de exportación, etc.
En ese contexto, lo que el país necesita, como se desprende, por ejemplo, del foro convocado por la Cámara Nacional de Industria, es un programa de inversión urgente que aliente la inversión privada interna e internacional. Hay que recordar que en los bancos hay depósitos del público por 22 mil millones de dólares. Disminuyendo las trabas y obstáculos burocráticos, aliviando los mecanismos de intervención estatal y mejorando las condiciones de seguridad jurídica, la gente podría invertir mucho más pues la banca podría aumentar su cartera en por lo menos siete mil millones de dólares.
Se trata de una suma 20 veces mayor que la que el gobierno pretende movilizar y podría generar muchos más empleos, sostenibles y de mejor calidad. En definitiva, por el momento pareciera que el problema no es de dinero, sino de inversión, y ésta depende de oportunidades de mercado y condiciones políticas y jurídicas favorables, no de imposiciones. La oportunidad de aprovechar la bonanza es cada día más pequeña, pero no se ha desvanecido del todo. La buena voluntad que muestra el Gobierno merece ser mejor orientada.
Por el momento pareciera que el problema no es de dinero, sino de inversión, y ésta depende de oportunidades de mercado y condiciones políticas y jurídicas favorables, no de imposiciones
