Previsible, pero lamentable, es el papel que jugó Bolivia en la reunión de cancilleres convocada por la Organización de Estados Americanos (OEA) para considerar la gravísima crisis política y social que vive la hermana República de Venezuela.
La delegación boliviana, siguiendo el mismo libreto de los gobiernos de Ecuador o Nicaragua, responsabilizó al Secretario General de la OEA de incitar al enfrentamiento y la violencia en Venezuela y tildó de “intervencionista” la actuación de ese organismo internacional.
Así, los países alineados al denominado Socialismo del Siglo XXI, del que Venezuela es su principal exponente, volvieron a cerrar filas, esta vez en el foro de la OEA, para defender lo que ya es indefendible: el abierto quebrantamiento del estado de derecho, el atropello de los más elementales derechos humanos y la cotidiana brutalidad represora del régimen chavista, sin olvidar el alarmante deterioro de las condiciones humanitarias de la población venezolana.
Desde el momento en que el gobierno de Maduro cruzó la frágil línea que todavía lo sostenía dentro de una muy precaria apariencia democrática, lo menos que podía esperarse de la OEA es que accione todos los mecanismos e instrumentos legales a su disposición para intentar revertir la ruptura del orden constitucional en ese país.
Constituye un total contrasentido que el Gobierno de Bolivia, que muy frecuentemente apela a la solidaridad y hermandad de los pueblos latinoamericanos, haga prevalecer su lealtad ideológica con unos pocos gobiernos políticamente afines por sobre el generalizado estado de desesperanza y angustia de la población venezolana, cuyos derechos y libertades vienen siendo sistemáticamente atropellados por los arrebatos autoritarios del régimen chavista.
Y más impresentable todavía. Mientras se generalizan la condena y alarma internacionales a los hechos de violencia política que sacuden a la hermana República de Venezuela, que Bolivia se adscriba al ínfimo coro de países que pretenden amparar las acciones antidemocráticas del régimen presidido por Nicolás Maduro no puede menos que llamar profundamente la atención.
La indisimulada posición del gobierno boliviano, que no necesariamente refleja el pensamiento del conjunto de la ciudadanía, no solo pone en entredicho la vocación democrática de nuestro país. Lo expone, además, al atento escrutinio internacional en una coyuntura en la que, por razones estratégicas, tendría que demostrar una rigurosa observancia a los principios y valores que abrigan a las naciones signatarias de la Carta Democrática Interamericana de la OEA.
Hoy, a diferencia de lo que ocurría dos décadas atrás, la realidad interna de cada país no puede esconderse, menos distorsionarse, tras sesgadas versiones gubernamentales o palabrerías diplomáticas. Hoy, tal cual sucede en el caso venezolano, la verdad inmediata de los acontecimientos está al alcance del mundo entero a través de los recursos informativos que Internet pone al alcance de todos.
Es de esperar, pues, que el Gobierno de Bolivia vuelque su mirada hacia la dramática realidad que azota al pueblo venezolano antes de fijar una posición internacional que –está demás decirlo– compromete a todos los bolivianos. (R)
Es de esperar, pues, que el Gobierno de Bolivia vuelque su mirada hacia la dramática realidad que azota al pueblo venezolano antes de fijar una posición internacional que –está demás decirlo– compromete a todos los bolivianos
