EDITORIAL

Día Mundial contra el Trabajo Infantil

En 2002 la Organización Internacional del Trabajo (OIT) declaró al 12 de junio “Día Mundial contra el Trabajo Infantil” como una fecha importante para dar visibilidad a la situación laboral que afecta a millones de niñas y niños alrededor del mundo, sensibilizar a la sociedad respecto a esta problemática e impulsar a los gobiernos a fortalecer sus políticas para que los menores de edad ejerzan su derecho a la protección, educación, salud, juego y libertades elementales.

Bolivia está entre las naciones que ratificaron el Convenio 138 de la OIT que establece que la edad mínima de trabajo es a partir de los 14 años, Pese a ello, nuestro Código establece que los infantes pueden hacerlo desde los diez años dentro del entorno familiar y a los 12 para terceros.

La norma viene siendo criticada desde su promulgación, en 2014, pero el Gobierno la defiende a rajatabla arguyendo que el trabajo infantil es una realidad innegable en Bolivia, que debe ser admitida y regulada. Por otra parte, los medios de comunicación recogen testimonios que revelan cómo la mayoría de los menores trabajadores son condescendientes con sus progenitores y se sienten productivos y orgullosos de aportar en sus hogares.

Bajo este panorama, los datos nacionales del Registro Único de Estudiantes (RUDE) de 2016 muestran que en el país hay 34.000 niños que trabajan y estudian a la vez, además de 260.000 escolares que laboran sin recibir la retribución de un salario debido a que sus faenas las realizan como parte del trabajo doméstico que se les asigna en sus familias.

Otro dato alarmante, lanzado por los representantes de la Unión de Niños y Niñas Adolescentes Trabajadores de Bolivia (Unatsbo), con sede en La Paz, advierte que en sus registros figuran más de 800 mil menores trabajadores, una cifra que debe alertar tanto a pobladores como a gobernantes, no sólo por el número de pequeños que ven truncada su infancia a causa de las responsabilidades que deben cumplir sino porque pese a la existencia del Código, las situaciones de explotación y abuso quedan, por regla general, en la impunidad.

Como en todo fenómeno social, es imposible analizar el trabajo infantil aislado de otros factores que tienen que ver con las necesidades básicas insatisfechas, con los aspectos culturales, con las dificultades de acceso a los servicios y bienes, entre otros, que inciden en las configuraciones sociofamiliares que conducen al trabajo infantil. Sin embargo, cada vez que un menor de edad trabaja, sea a cambio de una retribución económica o no, sus posibilidades de desarrollarse integralmente y alcanzar potenciales que le permitan una mejor calidad de vida a largo plazo se ven afectadas, constituyéndose en una vulneración severa a sus derechos.

Por ello, no es suficiente la existencia de legislación y organismos nacionales o internacionales que velen por la protección de los menores; es imprescindible un compromiso de cambio colectivo que garantice la erradicación del trabajo infantil con miras a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible a 2030, en busca de un futuro de equidad y protección para los niños en el ejercicio pleno de sus derechos. Es el único camino que nos asegurará no sólo un futuro mejor, sino un presente digno.

Según datos del Fondo para la Infancia de Naciones Unidas, hay más de 150 millones de menores que trabajan en todo el mundo. Bolivia no escapa a esta situación; en cada rincón, a diario, miles de niños dejan de ser niños y forman parte de una realidad abrumadora y perversa que urge cambiar

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