El pasado 20 de noviembre, la primera región autónoma de Bolivia aprobó su estatuto y a partir de esta situación, se generó un proceso de implementación confuso y denostado, que sirvió para convertir los juicios de interpretación en un mercado persa donde se escucha opiniones de toda laya, muy especialmente de políticos.
Adrián Oliva, centroderechista genealógicamente opuesto al partido gobiernista (Movimiento al Socialismo), rezuma hostilidad y desconfianza sobre todo lo que está construyendo la región del Gran Chaco Tarijeño. Esta insana práctica genera bastante desinformación en la población, porque se juega con la emotividad popular usando los tropiezos de algunas autoridades, para hacer creer que la autonomía está dirigiéndose al fracaso.
El centralismo tarijeño ha reclutado inoficiosos políticos de la peor calaña que bajo el rótulo de la “fiscalización”, se dan a la tarea de convertirse en pistoleros mediáticos que salen a disparar barbaridades en los medios de comunicación, constituyéndose en fastidiosos incordios cuyas declaraciones son fútiles. Cuando usted escucha una manifestación acusatoria en contra de alguien, se dará perfectamente cuenta que sobran las palabras groseras pero escasean los documentos que respalden sus cuestionamientos. Y en este vicio no solo caen los que se adscriben al club de fans de Adrián Oliva y Wilman Cardozo, sino también los frenéticamente fanáticos del masismo.
Si describiríamos al pie de la letra lo que ha sido la socialización del estatuto el año pasado, entenderíamos que los camaleones de la política pretendían patentar la palabra “autonomía”, adhiriéndola a su nombre de pila “Juan Palotes, Autonomía, María Vendimia Autonomía, etc.”. Sinceramente no sé si reírme de sus rabaneras ocurrencias o montar un circo y contratarlos como payasos.
Esa es nuestra triste realidad, los discursos políticos versus la oficialidad estatal, que van por encima de todo intento de interpretar racionalmente la Constitución Política del Estado, la Ley marco de Autonomías, las legislaciones complementarias y el estatuto. Tampoco los oficialistas y los del llamado servicio estatal de autonomías, aportan lo necesario para superar ciertos vacíos legales en el proceso de transición en el que se encuentra la región del Chaco, porque optan por replegarse en el cómodo silencio para no perder su puesto de trabajo, o bien se “funcionalizan” a un proyecto de poder dentro de las ramificaciones perversas que tiene el oficialismo en esta región.
¿Cuáles serán las torsiones de este proceso de transición en lo financiero, geopolítico y democrático? Tendrán que coexistir con el sombrío trasfondo social y político de la crisis de la caída de precios: elevado desempleo y sistemas de bienestar mermados, electorados resentidos, punto muerto institucional; estamos paralizados por la estrechez económica y es necesario pensar que la autonomía es el significante más agudo y poderoso de una planificación institucional intrínsecamente contingente de las demandas democráticas. El Chaco está implementando progresivamente su autonomía, entendiendo que es necesario suprimir a los que parasitan las instituciones.
