Sin desconocer que restablecer un espacio de diálogo respetuoso inmediatamente después de un largo período de agresiones verbales no es fácil, la decisión de los gobiernos de Bolivia y Chile de reinstalar una mesa de negociaciones de alto nivel para atender asuntos emergentes de nuestra calidad de países vecinos, es una buena noticia.

Se trata, sin duda, de un esfuerzo que requiere de una decisión política de largo alcance, porque nada dañaría más a las ya deterioradas relaciones entre ambas naciones que una vez que las delegaciones de ambos países acuerden establecer este mecanismo de negociación, el proceso se frustre. Es decir, ambos gobiernos deben asumir esta responsabilidad decididos a realizar los mayores esfuerzos para darle continuidad, lo que se garantizará si no se demuestra incapacidad para resolver temas rutinarios que generan fricción.

Además, se debe prever que una comisión de esta naturaleza tendrá la responsabilidad de establecer mecanismos de coordinación, mutua colaboración e intercambio de información para enfrentar tres delitos de magnitud: el contrabando, el narcotráfico y la trata y tráfico de personas. Se trata, como se sabe, de delitos promovidos por organizaciones mafiosas que cuentan con abundantes recursos, con capacidad de infiltrar instituciones estatales, en ambos países, y que no respetan frontera alguna.

También será conveniente que las partes acuerden previa y explícitamente que esta mesa de negociaciones no invalida ni condiciona la demanda boliviana presentada ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en contra de Chile para obligar a este país a negociar de buena fe otorgar Bolivia una salida soberana al Pacífico.

Hay otras dos condiciones que si bien sería deseable que se cumplan, se debería establecer un mecanismo para que no influyan en la mesa de trabajo. Una, evitar que las autoridades políticas diriman sus fricciones mediante una agenda mediática y si lo hacen eviten la innecesaria agresión verbal; la otra, no subordinar a los intereses políticos internos las relaciones entre ambos países, más aún cuando se avecinan procesos electorales muy importantes.

Han tenido que suceder eventos que han afectado a seres humanos que han tenido que sufrir las consecuencias de pugnas en verdad ajenas, y en la medida en que ha sido posible, más allá de las fricciones, llegar a que se plantee la mesa de negociación, lo menos que se puede ofrecer a la ciudadanía es el compromiso de actuar conforme a la magnitud real de aquéllas.

No está demás insistir en que la demanda fundamental que tiene Bolivia hacia Chile no será jamás abandonada mientras no se logre que el país recupere una salida soberana al Pacífico, con la que nació como República. Pero, ello no invalida –y más bien puede ayudar a concretarla—que ambas naciones mantengan fluidas relaciones tanto para atender, como ya señalamos, los asuntos que emergen de ser vecinos, como para crear lazos de confianza mutua, que permitan aprovechar las complementaciones que tenemos en todos los campos del quehacer humano.

En este contexto, el Primer Mandatario ha dado señales concretas en los últimos días que, ojalá, sean bien entendidas por las autoridades chilenas.

Han tenido que suceder eventos que han afectado a seres humanos, por lo que lo menos que se puede ofrecer a la ciudadanía es el compromiso de actuar conforme a la magnitud real de una mesa de negociación