Ayer, como desde hace 192 años, se ha conmemorado un aniversario más de la existencia de las Fuerzas Armadas de Bolivia. Y se lo ha hecho con una doble dimensión. Una es la que mantiene y refuerza el hilo de continuidad ininterrumpido durante todos estos años, décadas y casi dos siglos. La otra es la que se propone marcar un punto de ruptura entre un antes y un después.
Visto en esos términos, el acto de ayer es un punto de encuentro entre un pasado que se quiere superar y un futuro que se quiere construir.
No es fácil la búsqueda de ese punto de encuentro porque las FF.AA. han sido durante casi dos siglos una de las instituciones en las que se reflejan muchos de los conflictos de identidad que los bolivianos no acabamos de resolver.
En ese contexto, el acto de ayer tiene una muy especial carga simbólica. Es que, como lo dijo el presidente Evo Morales en más de una ocasión, no es fácil hoy, como no lo fue durante los 192 años anteriores, definir cuál es el papel que esa institución ha ocupado antes, ocupa hoy, y debe ocupar en el futuro de nuestro país.
Con tan confusos antecedentes como telón de fondo, el acto de ayer puede ser descrito e interpretado de muchas maneras.
Desde el punto de vista gubernamental, el asunto parece claro. Se trata de darle un rol cada vez más importante en la constitución del Estado Plurinacional de Bolivia. Eso significa atenuar la mirada crítica sobre el pasado, tomar decisiones muy prácticas en el presente y, sobre la base de ambos elementos, proyectar el rol de las FF.AA. hacia el porvenir.
Sobre el primer aspecto del asunto, las decisiones parecen claras. Eso se refleja en la decisión de no exigir cuentas sobre lo hecho por la institución militar durante las últimas décadas. No abrir los “archivos de las dictaduras” es la máxima expresión de esa actitud ante el pasado.
En lo que al presente se refiere, basta ver el porcentaje del Presupuesto General de la Nación que se destina al fortalecimiento de las Fuerzas Armadas para tener una clara idea del lugar que se le asigna a esa institución.
Y hacia el futuro, nada más elocuente que los términos en los que el Ministro de Defensa se refirió al explicar las formas y el contenido del acto de hoy.
Dijo que fue un acto histórico, y hay que darle la razón. En efecto, fue la primera vez, en 192 años de historia, que en un acto oficial del Estado se distribuyeron armas a organizaciones civiles, los “Ponchos Rojos” y las “Bartolinas Sisas”. Lo novedoso no es que grupos civiles asuman roles “paramilitares”, pues en Bolivia eso hubo en abundancia, pero nunca antes las milicias civiles actuaron, como ahora, bajo tan franco reconocimiento oficial.
El asunto no es desdeñable porque nos remonta a una reflexión tan antigua como la misma existencia de la República de Bolivia y sus Fuerzas Armadas.
Paradójicamente, el paso que acaba de dar el Gobierno tiene como marco legal una Constitución Política del Estado que define a Bolivia, entre otros atributos, como un país pacifista.
Si a lo anterior se suman las centenas de millones de dólares que anualmente son derivados hacia las Fuerzas Armadas, sus empresas –todas ellas deficitarias– y se busca una relación pragmática entre el costo y el beneficio que al país deja esa militarización de la economía y la política nacional, lo menos que puede hacerse es abrir un conjunto muy amplio de interrogantes.
Si a los anuncios oficiales se suman las centenas de millones de dólares que anualmente son derivados hacia las Fuerzas Armadas, lo menos que puede hacerse es abrir un conjunto muy amplio de interrogantes
