Ha sido un largo y accidentado camino, pero el gobierno de Evo Morales y el MAS, ha logrado promulgar la ley que levanta la intangibilidad sobre el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure.

Y es que pareciera muy remoto pero, en realidad, no ha pasado tanto desde que el propio Presidente promulgara la Ley 180, aprobada por mayoría parlamentaria, el 24 de octubre de 2001 —con el trágico saldo político e histórico de la represión en Chaparina—, que dictaba justamente lo contrario.

La carretera al TIPNIS, al parecer, atravesará el corazón de la amazonia boliviana, no sólo con los posibles costos socio ambientales que tanto analistas, especialistas, organizaciones y activistas han denunciado, sino también con las diferentes percepciones sociales que ya comenzaron a aflorar en torno a un problema que todos los bolivianos consideramos común.

“Los que rechazan esta ley son enemigos del departamento de Beni", acaba de declarar el presidente Evo, dejando a todos los compatriotas que no están de acuerdo con esta decisión, del otro lado de la carretera, del lado de los malos, del lado de quienes no pueden exponer sus razones a favor de un futuro colectivo.

Es decir, la comunicación nuevamente está rota. Otra vez la política gana. Un tipo de política: el tipo de política al que nos ha acostumbrado este Gobierno. Una política de buenos y malos. Una política vertical. Con poco o ningún espacio para las concesiones o disensos de cualquier tipo.

Puestas las cosas en esta perspectiva, la posibilidad de un referéndum nacional sobre la construcción de la carretera en el TIPNIS, así como la construcción de las represas del Bala y Chepete, impulsados por grupos como Fuerza Ciudadana, están más lejanos que cualquier utopía imaginada por el hombre, aunque esto suene exagerado.

Se cierne nuevamente una gran duda sobre la legitimidad de esta decisión.

La sociedad boliviana tiene derecho a preguntarse qué es lo que realmente está en juego.

A quién conviene la construcción de esta carretera que pasa atropellando los principios esenciales de respeto a la Madre Tierra, que tanto ha enarbolado este Gobierno en todos los foros, tiempos y espacios: a los hermanos del TIPNIS (a todas las comunidades que lo componen) o a otro tipo de intereses, incluyendo la ampliación de la frontera cocalera en ese territorio.

Dada la alta sensibilidad del tema referido a la protección del medioambiente, tanto dentro como fuera de nuestro país, la resuelta apuesta por la carretera que atravesaría el TIPNIS implicará un costo político para el Gobierno que da lugar a toda clase de conjeturas.

La imposibilidad de llegar a acuerdos comunes en torno a temas que conciernen y tienen que ver con la viabilidad del futuro de un país, es ya de por sí una tragedia para cualquier sociedad. La diferencia en el caso de Bolivia—a estas alturas de nuestra historia— es que ya no sabemos si es mejor echarnos a llorar o a reír.

¿A quién conviene la construcción de esta carretera por el TIPNIS que pasa atropellando los principios esenciales de respeto a la Madre Tierra, que tanto ha enarbolado este Gobierno en todos los foros, tiempos y espacios?