El intento de referéndum independentista en Cataluña ha ocupado buena parte de la política exterior española en estos meses. El Gobierno español, presidido por Mariano Rajoy Brey, ha buscado, cultivado y obtenido un importante apoyo en el exterior en sus pasos para impedir este referéndum. Ningún Gobierno de importancia ha apoyado los intentos independentistas planteados en contra del ordenamiento constitucional español, y algunos, entre ellos el alemán, se han mostrado abiertamente contrarios, lo que excluye que no haya una profunda preocupación al respecto.
Los tradicionales interlocutores de España, desde EEUU, los Estados de América Latina –salvo excepciones, contrarios al principio de la autodeterminación– y los socios más estrechos de la UE y sus instituciones, han venido apoyando al Gobierno español, con el añadido de que las instituciones europeas y los Gobiernos han dejado claramente marcado que una secesión de Cataluña implicaría que ésta dejaría automáticamente de pertenecer a la UE. El independentismo también perdió la batalla de la Comisión de Venecia (Comisión Europea para la Democracia por el Derecho), vinculada al Consejo de Europa, que rechazó las pretensiones del presidente de la Generalitat catalana, Carles Puigdemont Casamajó, que hace tiempo había perdido la ofensiva en el tablero internacional por el principio del derecho a la autodeterminación.
La falta de apoyo internacional y los fallidos intentos para abrir brechas en este terreno reflejan no ya un grave error de cálculo en un mundo global, sino también un grado de improvisación de los promotores del referéndum y de la independencia de Cataluña. Los independentistas no se percataron de que, aunque la UE pasó por el referéndum de independencia de Escocia, el del Brexit, ya vació todo apoyo a la idea de refrendos entre los 28 Estados que la integran y sus instituciones, sobre todo si atañen a cuestiones de soberanía. El respeto al Estado de Derecho y la Constitución es esencial, como ha señalado el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, si bien, como es natural (como frente a Escocia) respetaría el “sí” en un referéndum legal. El autoritarismo que mana de la Ley de Transitoriedad recientemente aprobado por el Parlamento Catalán, especialmente en cuanto a la división de poderes y el control del Judicial, no han pasado desapercibidos en la UE que está tomando medidas contra Polonia y Hungría por su deriva iliberal.
En el actual proceso hacia el Catalexit, poco se ha debatido sobre los efectos económicos, la incertidumbre que se generaría, el empobrecimiento de los hogares, la caída en exportaciones, inversiones extranjeras y para la imagen de una España que había vendido como un éxito su modelo de Estado de las Autonomías. La prensa internacional por una parte, no apoya la idea de independencia de Cataluña, pero, tampoco en general, rechaza de plano la idea de un referéndum, por cuanto pide política y diálogo a las partes. Con expectativa se mira al 1 de octubre y lo que pueda ocurrir después. Si se llegara a una declaración de independencia unilateral por parte del Govern y de una mayoría exigua en el Parlament catalanes, nadie de peso la reconocería fuera. Es ilusorio creer que una declaración unilateral de independencia va a suscitar apoyos de otros países de la UE. Se trata de una medida que va contra los tratados europeos y los intereses y la estabilidad de muchos Estados miembros.
