Para preparar el espíritu y adecuar nuestras acciones, reitero que la proyección matemática con ajustes señala que el año 2032, de los 15 millones de bolivianos que seremos, el 90% viviremos en ciudades.
Los ajustes están dados por la “presión migratoria”, que corresponde a las condiciones materiales que la población necesita para vivir en un territorio. De los 339 gobiernos locales bolivianos, 256 tienen una población menor a 20.000 habitantes y en ninguno de ellos hay un hospital de Segundo Nivel ni lo habrá por razones de economía de escala. Si a la población de esos municipios le sumamos carencia de educación superior, oferta de servicios, oficinas públicas para realizar trámites, bancos, calidad de vida, mercados… la presión migratoria aumentará.
El Viceministro de Autonomías, Hugo Siles, en el suplemento Séptimo Día del 15 de octubre hace referencia a las ciudades intermedias sobre las que estamos investigando en el CEPAD desde hace cinco años. La constatación empírica demuestra que el desarrollo y consolidación de las ciudades intermedias no vendrá solamente de la mano del volumen de inversión pública que ofrecen los datos oficiales, sino de la existencia de condiciones materiales en servicios y economía. La ausencia de esas condiciones provoca la inexorable tendencia migratoria que sigue la población actualmente.
Para que disminuya la presión, como venimos insistiendo, se requiere unas variables más complejas que la danza de recursos ejecutados y proyectados hasta 2025; además de corresponder a una conducta en América Latina el vivir en ciudades, que ya cuenta con el 80% de la población haciéndolo, en el caso boliviano se agrava por la extensión y topografía de nuestro territorio.
Comparto que la línea de investigación que desarrollamos, propone la identificación de ciudades intermedias que cumplan la condición de nodos territoriales de servicios públicos, fortaleciendo su calidad de centros de seguridad alimentaria y potenciando el turismo sostenible como cohesión social y generación de desarrollo económico local.
La identificación de la Red de Ciudades Intermedias requiere una decisión de política pública pues deben poseer la mayor cantidad de instituciones, instancias y servicios públicos, para evitar que los habitantes deban trasladarse a lugares más lejanos a buscarlos. Esta condición sólo puede cumplirla el Estado. La ignorancia de esta realidad se está distrayendo con la construcción de canchas deportivas, los problemas en el Fondo Indígena o creyendo que solamente la infraestructura básica será quien fijará la gente en el lugar en el que vive.
El gobierno se encuentra entrampado en su legítima propuesta política de ruralidad y está arrastrando al Estado a un error conceptual. Quien deja el campo, deja de ser campesino. Y el originario indígena, al trasladarse solo con su fuerza de trabajo, compite en desventaja en las áreas urbanas. Celebro la apertura al debate del amigo Viceministro.
Este tema nos interesa a todos y bien hará el Gobierno en no partidizarlo.
