Poco atinadas han sido las declaraciones del generalmente prudente Ministro de Gobierno al explicar los lazos familiares de un presunto narcotraficante detenido en Brasil con adherentes y dirigentes políticos del MAS, y recordar casos similares que se presentaron en gestiones anteriores.
Verdad de perogrullo es que el narcotráfico busca penetrar las estructuras del Estado y la sociedad para garantizar el éxito de su ilícita actividad, y lo hace cualquiera sea la orientación político-ideológica del régimen vigente. De ahí que antes de tratar de justificar el descubrimiento de casos de esta naturaleza en gestiones pasadas, lo correcto sería asumir la decisión de ir al fondo del problema: cómo elaborar una estrategia nacional e internacional de lucha contra el narcotráfico diferente a la ahora vigente, puesto que la realidad muestra que ésta ha fracasado.
Es decir, más allá de que la DEA o el “imperialismo” hayan dejado de actuar en Bolivia en esta lucha como lo hizo en el pasado, lo cierto es que la doctrina de la guerra contra las drogas ilegales prohijada por EEUU desde fines de la década de los 70 del siglo pasado está vigente y a ella se destinan cuantiosos recursos humanos y económicos. Bolivia se ha adherido a esta doctrina desde entonces y la sigue, eso sí, adornada con una retórica nacionalista poco consistente.
Es más, los valientes esfuerzos que están haciendo algunos mandatarios y ex mandatarios de la región y reconocidas personalidades de la política, la cultura y la economía del mundo para reflexionar sobre este tema y encontrar nuevas fórmulas que sustituyan esa estrategia de guerra no han recibido apoyo alguno del gobierno del país cuando, dada su legitimidad y sustento, bien pudiera haber abanderado esa corriente.
En ese contexto, las autoridades debieran comprender que quienes trafican drogas ilegales se esforzarán por penetrar y corroer los Estados, y dada la magnitud de sus recursos consiguen hacerlo de diversos modos, y sus objetivos son, particularmente, introducir sus tentáculos en la administración de justicia, el estamento político y las fuerzas de represión, por un lado, y, por el otro, en el sistema económico formal para “blanquear” sus ganancias.
Esas características hacen que el tema debiera ser tratado como asunto de Estado y en vez de generar innecesarias confrontaciones internas, aunar esfuerzos para, al mismo tiempo de concertar políticas y estrategias que tengan posibilidad de éxito, crear blindajes para impedir que la acción corrosiva del narcotráfico siga penetrando en el Estado.
Las autoridades debieran comprender que quienes trafican drogas ilegales se esforzarán por penetrar y corroer los Estados, y dada la magnitud de sus recursos consiguen hacerlo de diversos modos
