Aunque no suele ocurrir, salvo seas “operador” o tengas contacto con alguno; la opinión pública se ha enterado prácticamente en vivo y en directo no sólo del sorteo de la causa del oficialismo ante el TCP pidiendo bendiga, esta vez, la relección sine die de su jefazo, sino hasta el nombre del magistrado encargado de, se supone, proyectar el fallo. Las almas comunicativas del foro esperan que por lo menos no ocurra, como dicen habría sucedido con el anterior de la rererelección en 2013, cuando habría sido traído redactado por un alto cargo del régimen, en su pendrive, para que se lo impriman en hojita membretada y se lo firmen…No me consta, pero es lo que se cuenta.
Nadie es tan gil como para que, mínimamente, no llame la atención (y huela lo peor), considerar que a diferencia de todos los trámites que ahí se ventilan, en este que le interesa al régimen, el TCP esté cumpliendo impecablemente con los plazos procesales, que son olímpicamente incumplidos tratándose de los ciudadanos que no tenemos el menor acceso a información real y actualizada de los procesos e incluso, de manera sistemática y con absoluta falta de transparencia, se esconden y falsean las notificaciones y actuados, de forma que se entera de los fallos varias semanas o meses después de que se producen, sin cumplir las disposiciones del Código Procesal Constitucional.
Pero más allá de esos “detalles”, lo que el TCP se juega es nada más ni nada menos que el destino democrático de los ciudadanos y por supuesto del régimen. No es que sostenga que éste último lo sea, de hecho he venido sosteniendo regularmente lo contrario desde hace varios años, a la vista de su proceder. Pero como decía Borges, nunca se puede saber hasta dónde se puede caer (más bajo) y, sin duda, lo que el TCP decidirá, seguramente también dentro de plazo (impecable), es el futuro del país, en términos de evitar una dictadura hasta bendecida por el “guardían” de la CPE o, lo contrario. Siguiendo a Gargarella (“Castigar al Prójimo; Siglo 21 editores, Bs As 2016) que se remite a Ferrajoli, a mi juicio la idea es que: “en una sociedad de iguales, ningún individuo o caudillo, ningún grupo a familia, ninguna élite –tampoco la élite judicial, por ejemplo– merece arrogarse la razón, ni el derecho de decidir en nombre de los demás”. Y es que, tratándose de lo que está en liza a la vista de lo que ocurrió –el 21F, principalmente– y lo que vendría (Venezuela, Nicaragua…Cuba), sostengo que el TCP no puede con su próximo fallo, decidir no sólo en nombre de los demás sino por encima de la voluntad del soberano del que tanto se discursea que ya decidió en dos referéndums, el último hasta con nombre y apellido de los interesados: NO queremos otra reelección. Siete jueces no pueden ir contra de lo resuelto por más de un millón y medio de ciudadanos en ese tema concreto, pues quedaron vinculados a lo que puntualmente sobre ese aspecto, ya se decidió a través de los canales democráticos y por ello (sin recordar siquiera otros de sus fallos sobre lo mismo), estamos ante la esfera de lo no decidible, del territorio o del coto vedado. En el caso concreto, el TCP, arrastrando su inocultable ilegitimidad (y aunque la tuviera), no puede abolir el derecho fundamental de los ciudadanos para vivir en democracia, que no se reduce sólo en ir a votar para todo, sino también en la alternancia que evita que una misma persona, con cualquier estrategia envolvente, gobierne ininterrumpidamente, pues: “La alternancia fecunda el suelo de la democracia”. Winston Churchill
