EDITORIAL

Violencia contra la mujer

Causa alarma que en el país siete de cada diez mujeres casadas o en unión libre vivan situaciones de violencia en su relación de pareja. Se trata de un promedio que está muy por encima del mundial que es de una de cada tres mujeres que ha sufrido violencia física y/o sexual de pareja o violencia sexual por terceros en algún momento de su vida.

Sin embargo, es posible afirmar que Bolivia debe ser de los pocos países que cuentan con disposiciones legales muy específicas para tipificar estos delitos y bastante severas para sancionar a los agresores, legislación que, más bien, debería ayudar a que esos elevados índices de violencia se reduzcan.

La realidad, empero, muestra que no es así, lo que permite inferir que para combatir ese tipo de violencia no sólo se requiere de una normativa adecuada, sino de la capacidad estatal y social de hacerla cumplir. Y ello requiere que, además de mantener la retórica de que la violencia en contra de las mujeres es un grave problema de salud pública y una violación de los derechos humanos, se requiere de una estrategia que permita que cada quien cumpla el papel que la norma le asigna.

Habrá que partir, en ese sentido, de capacitar a los funcionarios públicos (policías, fiscales, jueces) encargados de aplicar las normas sobre el tema. En los ámbitos en que se procesan las denuncias de violencia se mantienen arraigados prejuicios en contra de la mujer que, incluso, provocan que ésta sea doblemente agredida a la hora de presentar su denuncia.

Asimismo, en esa estrategia hay que incluir programas de prevención y, ex post, programas de rehabilitación física y psicológica de la mujer agredida, incluyendo en forma especial a los hijos o menores involucrados no sólo como un deber inmediato sino porque sin un buen tratamiento ellos tenderán a repetir actitudes violentas o de sumisión cuando sean adultos.

No hay que perder de vista que hay factores que incentivan la violencia como el consumo excesivo de alcohol y de psicotrópicos, cuyo tratamiento exige más acciones que sólo las meramente legales.

Por último, ayudará al diseño de una buena estrategia comprender que la violencia física y sexual en contra de las mujeres es transversal en el tejido social; es decir, se presenta en todos los estratos sociales, aunque hay diferencias cuando al momento de hacer las denuncias se refiere.

Estamos, pues, frente a un problema integral que requiere acciones integrales para enfrentarlo y no sólo leyes.

Bolivia debe ser de los pocos países que cuentan con disposiciones legales muy específicas para tipificar estos delitos y bastante severas para sancionar a los autores de esa violencia. La realidad, empero, muestra que aún no ayudan a que esos elevados índices de violencia se reduzcan

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