Esta semana estuve nuevamente en Costa Rica, por invitación de la Corte Suprema, para compartir una conferencia sobre transparencia y predictibilidad judicial y litigio ético en su Congreso Anual 2017. En este marco aprecié los ostensibles avances que han logrado en su desarrollo institucional, especialmente en los planos de gestión de gobierno y modernización judicial; que se reflejan en los elevados porcentajes de aprobación ciudadana a los distintos servicios judiciales (el segundo puesto en Iberoamérica). Un avance que no hubiese sido posible sin el apoyo democrático y respetuoso de los gobernantes de las últimas décadas y la función legislativa responsable y coherente con el marco constitucional y normativa internacional del Parlamento.
Es el Plan Estratégico Institucional del Poder Judicial, reimpulsado cada seis años (2013-2018), el marco para las acciones que orientan el proceso institucional hacia la constante mejora y la eficacia en el desempeño judicial, para ofrecer -a los casi cinco millones de costarricenses- un servicio accesible y de calidad.
El Poder Judicial, como parte del Estado costarricense, tiene una tradicional y firme independencia respecto a los otros poderes y es respetado por gobernantes y gobernados; en la medida que en las últimas décadas ha contribuido al fortalecimiento de la paz y la erradicación de la pobreza, en el marco de la promoción del desarrollo sostenible de la Agenda 2030 (ONU 2015).
En Costa Rica, país que no tiene fuerzas armadas desde hace 69 años, el presupuesto del Poder Judicial representa el 5.6% del producto bruto interno nacional (promedio de la última década). El ciclo presupuestario permite que los jueces formulen una propuesta de gasto que se presenta a la Dirección General de Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda, el cual realiza un análisis y efectúa los ajustes necesarios para correr traslado al Legislativo en busca de su aprobación. En este país desde 1957, conforme a la Constitución, el presupuesto del Poder Judicial debe ser del 6%.
Los esfuerzos actuales, en lo tecnológico, están centrados en: avances en el expediente electrónico, inteligencia de negocios, apoyo de las tecnologías para lograr justicia abierta en el Poder Judicial, uso de las videoconferencias, interoperabilidad con otras instituciones (experiencias en depósitos judiciales, migración y extranjería), consulta de expedientes judiciales, envío de demandas y escritos, notificaciones judiciales por gestión en línea, solicitud de órdenes de apremio, solicitud de hoja de delincuencia de citas de tránsito de sentenciados en fuga de impedimentos de salida del país de información geo-referencial, servicios disponibles a través de tecnología móvil y guía integrada de oficinas, entre otras.
También pude apreciar que han perfeccionado los mecanismos de selección de jueces a través de un procedimiento meritocrático, la permanencia en el cargo a través de nombramientos por períodos relativamente largos, la autonomía financiera a través de recursos suficientes para personal e infraestructura, y la profesionalización del personal judicial. En esa medida, su autonomía presupuestaria les ha ayudado a aislar al Judicial de presiones externas (especialmente políticas) e internas y se ha consolidado una burocracia judicial con identidad propia, que lucha constantemente por reivindicaciones laborales.
Costa Rica tiene un PBI per cápita de 11.824,64 USD (2016), al igual que gran parte de los países latinoamericanos, sin embargo, hace más de 50 años, tomó decisiones que han colocado a sus instituciones, el Poder Judicial entre ellas, como modélicos de lo que se debe hacer. Un ejemplo a seguir por los pueblos latinoamericanos, en especial en aquellos donde existen gobernantes que se autoproclaman transformadores y revolucionarios. En Costa Rica los políticos pactaron estas medidas, las han sostenido en el tiempo junto a su pueblo y ahora cosechan resultados.
