El conflicto que sostienen las autoridades de gobierno y los dirigentes del gremio de los médicos que trabajan en el sector público de salud ha llegado a extremos intolerables, pues se perjudica a miles de pacientes que sólo son atendidos por emergencia.

Conviene recordar que el conflicto actual es en contra de dos decisiones asumidas por el oficialismo (en el Gobierno y en la Asamblea Legislativa) que afectan directamente el desempeño profesional de los médicos. Primero, por la inclusión en el proyecto del nuevo Código Penal de un artículo que, en rigor, permite que en caso de muerte del paciente el médico pueda ser imputado como asesino y en vez de que se obligue a la parte afectada a demostrar la culpa del médico, éste deberá demostrar su inocencia. Se trata, en general, de la corriente autoritaria que domina al oficialismo en materia de leyes, tendiente a la criminalización en vez de la reparación del mal cometido.

Segundo, una disposición mediante la cual se busca debilitar la organización gremial de los médicos, derivando al Estado muchas de las atribuciones que se otorgaba a este sector en materia de salud.

Ateniéndonos al discurso de las partes, los médicos aseguran que el objetivo del Gobierno es eliminar la práctica privada de la medicina e imponer un sistema de salud similar al que rige en Cuba; además, que pretenden reemplazar a los médicos que laboran en el sistema público de salud con los médicos egresados en Cuba en los últimos 12 años. Por su parte, las autoridades arguyen que los médicos pretenden gozar de fueros que impiden que se pueda sancionar por una mala práctica y que han hecho de la medicina un comercio inadmisible.

Al medio se encuentra la gente que sufre las consecuencias del conflicto y que siendo su atención el objeto del sistema de salud es la gran ausente del debate.

En ese escenario lo que se puede afirmar es que no existe ninguna voluntad de diálogo ni en las autoridades del Estado ni en los representantes del sector médico. Como siempre, en vez de buscar soluciones racionales a demandas legítimas, al radicalizar posiciones lo único que se obtiene es que se aleje toda posibilidad de solución.

Bien harían, pues, las partes en impulsar un diálogo franco y, antes que encerrarse en sus visiones, abrirse a propuestas integrales que permitan no sólo normalizar la atención a los pacientes sino mejorar efectivamente la atención médica en el país.

No existe ninguna voluntad de diálogo ni en las autoridades del Estado ni en los representantes del sector médico. Como siempre, en vez de buscar soluciones racionales a demandas legítimas, al radicalizar posiciones lo único que se obtiene es que se aleje toda posibilidad de solución