Ningún beneficio ha tenido para el país ni el gobierno la multitudinaria concentración forzada de funcionarios públicos y afiliados a burocratizadas organizaciones afines al Movimiento al Socialismo (MAS) para proclamar al Primer Mandatario como inconstitucional candidato a la Presidencia del Estado en 2019.
De hecho, nada nuevo se ha podido conocer en los discursos pronunciados. Más bien, en ellos se percibe que el norte del MAS se ha reducido al solo objetivo de prorrogarse en el poder; es decir, pareciera que este partido, que logró convocar a una amplia mayoría de la población, ha perdido capacidad de propuesta y sólo lo cohesiona el liderazgo del Primer Mandatario, obligado a explicar lo inexplicable: la legitimidad de una postulación que es ilegal e inconstitucional.
Y ha tenido que hacerlo luego de ser severa pero educadamente cuestionado en una entrevista con un periodista francés que no se conmovió con aquello de que el “pueblo” desea que sea nuevamente candidato, así lo prohíba la Constitución Política del Estado (CPE), cuando éste le insistió en que la ciudadanía rechazó por mayoría absoluta modificar la CPE para que se habilite una vez más como candidato en el referendo constitucional de 21 de febrero de 2016.
Sin embargo, es posible que el coro de quienes lo rodean y lo adulan servilmente interfiera la labor de reconocer la realidad y escuchar a una ciudadanía que sin desmedro del afecto que seguramente mantiene respecto a este innegable líder nacional, desea la alternancia en el ejercicio del poder y la mantención y consolidación del sistema democrático, objetivos que, ahora, una nueva reelección presidencial pone en peligro.
Es que la propia concentración forzada muestra cómo la cúpula gubernamental confunde, sin escrúpulo, el bien común con el particular. Obligar a los funcionarios públicos a expresar adhesión político-partidaria viola sus derechos y garantías constitucionales, así como bloquear la probablemente principal carretera del país (en el tramo final de la que une La Paz con Cochabamba) para realizar un acto partidario en el que lo único que se ha buscado es, y al parecer en forma infructuosa, tratar de hacer creer que el rey está vestido.
Sin embargo, una vez realizado el acto político de ayer y consumado el autoengaño, bien se haría en retomar seria y responsablemente la administración del Estado, que hoy camina peligrosamente a la deriva, como se ha estado observando desde el 21 de febrero de 2016, salvo en lo que significa elaborar normas regresivas que privilegian el ejercicio arbitrario del poder.
Tras el acto político de ayer y consumado el autoengaño, bien se haría en retomar seria y responsablemente la administración del Estado, que hoy camina peligrosamente a la deriva, como se ha estado observando desde el 21 de febrero de 2016, salvo en lo que significa elaborar normas regresivas que privilegian el ejercicio arbitrario del poder
