Sea por un genuino propósito de impulsar la agropecuaria en el país o por un oportunista cálculo electoral, se debe aplaudir la decisión del Gobierno de liberar la exportación de carne, soya, sorgo y azúcar, productos fundamentales de la economía agropecuaria del oriente.

Se trata de productos en plena expansión que sobrepasan de lejos la demanda interna y que estaban sometidos a control estatal por una decisión adoptada bajo criterios exclusivamente político-ideológicos, como demuestra el paso del tiempo. Y lo hicieron, es posible inferir, porque asumieron que el control de esas exportaciones era un instrumento de sometimiento a quienes se clasificaba como importantes componentes de la entonces radical oposición regional.

Probablemente por una mezcla de percepciones, como que los productores del oriente ya no son un peligro político y la necesidad de diversificar la economía, es que el Gobierno ha dado el viraje mencionado y es posible presumir que se trata de una decisión correcta, en la misma medida en que, cuando se impuso la prohibición, la calificábamos de impertinente y advertíamos, basados en experiencias concretas y en el análisis de especialistas, que perjudicaría el desarrollo del sector agropecuario en general.

En este sentido, hay que insistir en que el país requiere de cada vez mayor y transparente inversión privada, como el mecanismo más idóneo para poder impulsar un desarrollo más armónico. Obviamente, este presupuesto exige que tratemos de superar la estrecha visión de que la ganancia es un mal que se debe combatir, cuando, en verdad, es a través de ella que el Estado, vía el cobro de impuestos, puede desarrollar procesos sostenibles de desarrollo.

Adicionalmente, el gobierno ha abierto las puertas para reabrir un debate técnico sobre el uso de transgénicos en el país, prohibido expresamente en la Constitución Política del Estado (CPE) por presión del MAS y sus aliados. De ahí que la decisión del debate es también un importante golpe de timón, y probablemente ha sido dado por las evidentes desventajas que provoca el no utilizarlos adecuadamente.

Es posible sostener que ambas medidas podrían provocar severas pugnas internas, porque afectan creencias muy enraizadas en el MAS y sus organizaciones; pero, es también posible creer que el Primer Mandatario puede controlar rechazos internos; en cambio, establecer alianzas con sectores agropecuarios del oriente (en general, empresariales) y, de una u otra manera, embargarles su voz, tiene, en clave de la reproducción indefinida en el poder, indudables beneficios.

El Gobierno ha dado un viraje y es posible presumir que se trata de una decisión correcta, en la misma medida en que, cuando se impuso la prohibición, la calificábamos de impertinente y advertíamos, basados en experiencias concretas y en el análisis de especialistas, que perjudicaría el desarrollo del sector agropecuario