El pasado domingo, como todo 10 de diciembre, en Bolivia como en todo el mundo se conmemoró el 69 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada el 10 de diciembre de 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
La fecha ha servido para renovar las reflexiones sobre el estado actual de los derechos humanos a escala planetaria y también en cada uno de los países que integran la comunidad internacional. Y una vez más se ha constatado que es todavía demasiado grande la proporción de los 7.000 millones de habitantes del mundo actual que sufren condiciones de vida que distan mucho de los parámetros fijados por la declaración de 1948.
En el caso boliviano, el balance del año que está por concluir también deja mucho que desear. Y si bien es cierto que aún no hemos llegado a un punto en el que se pueda afirmar que ha dejado de estar en vigencia el Estado de Derecho, no es menos cierto que hay abundantes motivos para temer que estamos cada vez más cerca de llegar a ese extremo.
Una muy elocuente prueba de lo dicho es la crisis institucional que desde algunos años no hace más que agravarse con cada paso que da el Gobierno nacional hacia el control absoluto del poder con la esperanza de hallar la fórmula de su perpetuación.
Si a lo anterior sumamos que durante los últimos meses se ha mantenido la tendencia hacia un creciente descrédito de las instancias judiciales y policiales, ambas percibidas como las dos principales fuentes de abusos, nos encontramos con que por acción o por omisión, las instituciones del Estado Plurinacional, lejos de ser el principal garante, son la principal amenaza para la plena vigencia de los derechos humanos en nuestro país.
Son también recurrentes los informes que dan cuenta de lo enraizada y extendida que está la violencia en nuestra sociedad, datos de por sí alarmantes, pero que lo son aún más si llegan acompañados de indicadores según los que las instituciones del Estado encargadas de proteger los derechos de las personas se muestran cada vez menos capaces de cumplir su función.
Por todo lo anterior, y en vista de que la defensa de los derechos humanos es una tarea permanente y que corresponde a toda la sociedad, es de esperar que las penosas experiencias recientes sirvan para enmendar rumbos de modo que el próximo año haya motivos para hacer un balance positivo. R
En vista de que la defensa de los derechos humanos es una tarea permanente y que corresponde a toda la sociedad, es de esperar que las penosas experiencias recientes sirvan para enmendar rumbos de modo que el próximo año haya motivos para hacer un balance positivo
