Está fresco el pronunciamiento de los obispos de la Iglesia Católica que, ante la ausencia de organizaciones de intermediación entre la sociedad y el Estado, se pronunciaron sobre el momento actual y lo hicieron invocando a buscar la paz “sobre los cimientos de la justicia, la libertad y la verdad”.
A través de un documento emitido por la Secretaría General de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), la Iglesia identificó tres causas de la situación de conflicto que el país está viviendo: la sentencia constitucional que habilita una inconstitucional nueva postulación del Primer Mandatario, los serios problemas del sistema de salud y la promulgación del Código del Sistema Penal.
Reitera que no contribuye a la paz social construir el sistema jurídico del país sin “tener en cuenta la voluntad popular, con leyes aprobadas prescindiendo del indispensable debate en la sociedad. Las leyes deben ser acatadas por todos, por lo que es imprescindible que sean también debatidas amplia y libremente en la sociedad boliviana y la Asamblea Legislativa Plurinacional”.
Establece 16 observaciones sustanciales al Código, aclarando que la lista puede alargarse, para concluir que se trata de una norma hecha “a la medida de los intereses del poder y no de los del pueblo. Atenta contra los derechos humanos y ciudadanos fundamentales, es pretendidamente ambiguo en la formulación con lo que crea inseguridad jurídica y significa un retroceso de los valores democráticos conquistados por la sociedad boliviana”. En fin, se trata de imposiciones unilaterales que “amenazan la convivencia pacífica”.
Por esas razones, la Iglesia pidió que “en el espíritu de verdadera democracia participativa y en consideración de la gran importancia que reviste el Código del Sistema Penal, se tenga la sabiduría de abrogarlo” y se abra un debate amplio y transparente con todos los actores involucrados, “sin caer una vez más en la acostumbrada y fácil acusación de tramas de conspiración y desestabilización contra el Gobierno”.
Frente a una exhortación como la que se reseña, no es pertinente responder a medias, como los sectores movilizados afirman que ha hecho el oficialismo. Y, como hemos señalado a lo largo del conflicto con los médicos, el Gobierno no sólo daría una señal de sabiduría y comprensión y acercamiento a la gente abrogando la norma que se comenta, sino que se ayudaría a sí mismo en el tramo final de este complejo período gubernamental. (R)
La Iglesia Católica recuerda que no contribuye a la paz social construir el sistema jurídico del país sin “tener en cuenta la voluntad popular, con leyes aprobadas prescindiendo del indispensable debate en la sociedad"
