Se desata en el país un conflicto social a raíz de la observación de algunos artículos del Código del Sistema Penal y tiende a estallar con consecuencias graves cuando se asume la posición de exigir derogar todo el documento y el gobierno insiste en mantenerlo pese a que su aplicación es en el futuro.
Los políticos saben que un hecho de conflicto tiene sus tiempos y qué factores inciden, además qué consecuencias puede tener. Como están las cosas, especialmente cuando el MAS-IPSP en el gobierno insiste en la reelección de Evo Morales a la presidencia, la oportunidad política para el descontento social está dada y para lo peor, minimiza la punta de lanza que fue asumida por los médicos y hoy se convierte en vox populi de muchos sectores significativos del país.
En el lado de la oposición al nuevo CSP (Código del Sistema Penal) se constata que existe capacidad de movilización de recursos, es decir, más sectores se suman al pedido de su derogatoria, se mantiene la moral, medios masivos de comunicación están de este lado porque sus trabajadores sienten que la Ley de Imprenta está amenazada y el nivel de compromiso es militante.
Quienes rodean a Evo Morales en su mandato, sospechosamente insisten en el desgaste de la imagen de su líder, no proponen salidas y control de la situación de conflicto, por el contrario, hacen declaraciones desaprensivas, amenazan y nunca bajan de su actitud soberbia. Si estos días son las elecciones generales, Evo pierde.
Analizando la última década, es fácil darse cuenta que el MAS-IPSP en el poder, ha tenido y tiene un plan para gobernar al país más de 20 años. El primer paso fue la convocatoria a la Asamblea Constituyente donde sus representantes ya tenían un mandato: crear un nuevo Estado basado en el socialismo solidario, unitario y plurinacional. De allí emergió la Nueva Constitución vigente.
Luego vino la aprobación de incontables leyes a lo largo de los más de diez años de gobierno y de control absoluto del órgano legislativo por parte del oficialismo. Todo un paquete de normativas en torno a la Constitución pero también con incidencia significativa en la recuperación y administración de los recursos naturales como fue la nacionalización de empresas antes en poder de las transnacionales, especialmente en el rubro de los hidrocarburos y la comunicación.
Este plan estratégico para gobernar más de 20 años comprendía también desarticular los sindicatos históricamente tradicionales y suplantarlos por las llamadas hoy “organizaciones sociales” que tienen su máxima expresión en la CONALCAM con poder de decisión en el gobierno. Esto significa el empoderamiento político para hacer creer que es el pueblo que asume el cambio.
Por encima de las consideraciones anteriores, la estrategia consiste en buscar la reelección de Evo Morales como presidente, se muestra una imagen de unidad en torno a la persona, al caudillo, se deja entender, por parte de la élite que está en el entorno del poder, que el líder “del pueblo” es insustituible, se asemeja a un dios.
Para estar y mantenerse en el poder hay que consolidar un instrumento político y ahí la estrategia del modelo educativo en educación “sociocomunitario y productivo”, el cambio producido con la elección para autoridades en el órgano judicial afines al instrumento y los cambios significativos que se atisban en el sistema de salud, en la ley del trabajo y otros.
En este escenario, ¿el ciudadano común está inserto en estos cambios? ¿Está preparada la sociedad para asumir el camino que se quiere recorrer? ¿Beneficia a la mayoría o sólo a una élite? ¿En qué se desata finalmente este asunto?
